Miércoles 24 de Mayo de 2000
Informe de Prensa de la APDH La Plata - Juicio por la Verdad
La Cámara denunció a otro policía de la 5° por falso testimonio
El cabo primero Oscar Bravo afirmó que no tenía funciones dentro del
edificio de la seccional. Pero un legajo del Ministerio de Seguridad
contradice su versión. La denuncia será girada al fiscal de primera
instancia.
También presentan los casos de dos gremialistas desaparecidos. Uno de
los testigos vinculó a Diego Ibáñez con la desaparición de su padre. En
tanto, un policía dijo que hoy se enteró que en la comisaría 5°
funcionaba un centro clandestino.
Por Lucas Miguel, Francisco Martínez,
Vanina Wiman y Lucas Miguel (Secretaría de Prensa)
LA PLATA.- La Cámara Federal de esta
ciudad denunció ante el fiscal de cámaras a un ex policía de la
comisaría 5° porque entendió que incurrió en falso testimonio durante
la declaración que prestó hoy, en el marco del Juicio por la Verdad,
que intenta esclarecer más de 2000 desapariciones durante la última
dictadura militar.
La denuncia surgió a raíz de que Oscar Emilio Bravo, cabo primero de la
seccional en aquel entonces, dio una versión totalmente contraria sobre
su desempeño a la que figura en el legajo remitido desde el Ministerio
de Seguridad provincial al tribunal federal.
Bravo comenzó su testimonio afirmando que, por una afección cardíaca,
después de 1972 tuvo que realizar tareas que le insumieran un menor
riesgo para su salud. Fue así que durante toda la declaración sostuvo
que su trabajo en la 5° se limitó a realizar "citaciones judiciales, de
multas y municipales". Esta versión le ayudó a sostener que no conocía
los movimientos internos de la dependencia porque "no estaba casi
nunca", debido a que realizaba tareas en la calle.
La contradicción la hizo notar la abogada patrocinante de la Abuela
María Isabel Chorobik de Mariani, y representante de la Asociación de
Ex detenidos-desaparecidos, Sofía Carabelos, quien notó que en el
legajo de Bravo figuraban detenciones de dos y tres días por haber
violado su servicio de imaginaria en la comisaría 5° en el año 1977. De
este dato se desprende que el policía trabajaba dentro de la seccional
y que, como sostuvieron varios de sus compañeros ante la Cámara en
anteriores oportunidades, debía saber que en el patio de la 5°
funcionaba un centro clandestino de detención.
La labor de Bravo dentro del edificio de diagonal 74 entre 23 y 24 de
esta capital se fortaleció con la declaración posterior del sargento
ayudante Carlos Basualdo, quien sostuvo que el policía denunciado
"trabajaba conmigo en la comisaría".
Hubo una frase que colmó la paciencia de los jueces, visiblemente
molestos: "Yo no me acuerdo haber sido centinela", afirmó Bravo cuando
se le leyó el legajo del Ministerio de Seguridad, donde constaba su
trabajo como guardia en la comisaría y sus sanciones por no haberlo
cumplido correctamente en tres o cuatro oportunidades.
Antes de que esto ocurriera, el juez Leopoldo Schiffrin, hoy presidente
del tribunal, le advirtió a Bravo que su actitud era "triste" y
"contraria a los motivos de su comparecencia". Luego, el magistrado le
dijo en forma vehemente que "se atendrá a las consecuencias".
Cuando más tarde Bravo fue preguntado si conocía que en esa época se
realizaban "operativos contra la subversión", el ex policía manifestó:
"De eso no sé nada".
Al término de la audiencia, el juez Schiffrin anunció que el testimonio
de Bravo y los datos suministrados por la cartera de Seguridad
provincial serían enviados al fiscal de cámaras, Julio Piaggio, quien
entendió que ese acto del tribunal es una "denuncia". En diálogo con
esta Secretaría de Prensa, Piaggio sostuvo que "éste es un delito que
conspira contra la administración de justicia. (Bravo) Ha faltado a la
verdad, ha falseado el juramento que prestó y se tendrá que
proceder".
Ahora, el fiscal de cámaras girará la denuncia a un fiscal de primera
instancia, para que se inicie la investigación penal.
Esta es la segunda vez que el tribunal denuncia a un policía de la 5° por falso testimonio.
"Te va a pasar lo mismo"
Dos casos de sindicalistas de la Destilería YPF desaparecidos durante
la última dictadura fueron tratados hoy en el Juicio por la Verdad: el
de Raúl Jorge Reydó y el de Imar Miguel Lamonega.
Sobre el primero declaró su hija, Adriana Reydó, quien señaló que su
padre fue secuestrado de su casa de calle 30 entre 45 y 46 de esta
ciudad, el 20 de mayo de 1977, mientras almorzaba con su familia.
Raúl Reydó era delegado del Sindicato Unido Petroleros del Estado
(SUPE) y además presidente de la Juventud Peronista de Ensenada. Del
operativo de secuestro participó el jefe del Regimiento 7 de
Infantería, general Roque Presti. Este dato lo aportó la esposa del
desaparecido, quien días después reconoció a Presti cuando apareció en
el diario junto al jefe de la Policía provincial, coronel Ramón
Camps.
Adriana Reydó señaló en su testimonio que en 1981 el fallecido
sindicalista Diego Ibáñez -durante años secretario nacional del SUPE-
se acercó a su casa y le dijo a la familia que no investigara más qué
había pasado con Raúl, porque podía "ser peligroso". Reydó le contestó
que él pertenecía a la "mafia que tenía que ver" con el secuestro de su
padre, y entonces Ibáñez amenazó, según la testigo: "Te va a pasar lo
mismo".
"Yo no hice denuncia, no había garantías, era peligroso", señaló la
mujer. La hija del desaparecido relató además que dos meses después de
ese hecho un operativo militar estuvo a punto de secuestrarla en la
puerta de su casa, pero que pudo salvarse ya que apareció en la vereda
un grupo de jóvenes al que los militares comenzaron a perseguir.
Adriana Reydó afirmó también que la familia hizo la denuncia del
secuestro de Raúl en la comisaría 4° de La Plata, "donde dijeron que
estaba registrado el procedimiento".
Una versión que le llegó a la familia sobre el destino del sindicalista
es que habría estado en el centro clandestino "La Cacha", que funcionó
cerca de la Cárcel de Olmos.
Asimismo, en 1983, Adriana Reydó vivió un acontecimiento fortuito: se
encontró en un colectivo con un hombre que había estado secuestrado en
otro centro clandestino junto a su padre. "Él estaba conmigo hasta
julio de 1977 -le dijo el ex detenido, de apellido Lazcano-, estaba muy
mal por la tortura, había adelgazado 30 kilos".
Esta persona le reveló que el lugar en el que estuvo con su padre Raúl
era la Brigada de Investigaciones de la Policía, y que los llevaban a
torturar al Batallón de Infantería de Marina N°3, con una frecuencia de
cinco sesiones de tortura por semana.
El otro caso de un gremialista de YPF tratado hoy fue el de Imar Miguel
Lamonega, por el que declararon su esposa, Antonia Rosa Del Rabal, y su
hija, Gabriela Lamonega.
Del Rabal contó que su marido fue detenido ilegalmente en su vivienda
en el Barrio Banco Provincia, de Berisso, cuando ya había sido
despedido de YPF por razones políticas. El secuestro se produjo en la
madrugada del 23 de diciembre de 1976.
"Esa noche cerraron todo el barrio (...). Ni siquiera los perros
ladraron. Lo único que se escuchaba era el abrir y cerrar de las
puertas de los autos", sostuvo la esposa del desaparecido. Además, dijo
que todos los secuestradores se llamaban entre sí "Carlitos", una
característica de los Grupos de Tareas de la Armada.
"Le apuntaban con un arma en la cabeza a una niña de ocho años y
ahogaban con una almohada a un nene de seis", recordó Antonia del Rabal
sobre lo que sus hijos vivieron durante el secuestro.
La testigo señaló también que fue "a todos los lugares" para averiguar
el paredero de Imar, y agregó: "Recibí todas las vejaciones habidas y
por haber. Hasta el soldado de la puerta de un Regimiento nos podía
vejar verbalmente". Contó que visitó unidades militares, comisarías y
dependencias oficiales, pero que nunca logró nada.
"Lo he visto bajar de un subterráneo, en muchos lugares, pero eran puras fantasías", expresó.
Antonia Del Rabal afirmó que muchas veces recibió ofertas de
información sobre el destino de su marido, a cambio de dinero, pero que
nunca pagaron. "Ese mensaje nos lo dieron las monjas francesas",
declaró.
Graciela Lamonega, por su parte, afirmó que según una versión su padre
Imar habría pasado por un centro clandestino de Arana.
Matrimonio desaparecido
En otro orden, Julio Ernesto Cédola habló de la detención ilegal de su
hermana, Laura Cédola, y su cuñado, Manuel Monteagudo, quienes están
desaparecidos desde el 22 de junio de 1977.
Cédola, quien presenció el secuestro de la pareja, relató que en horas
de la madrugada un grupo de hombres armados llegó a la casa en donde se
encontraban, vestidos con uniforme de fajina y a cara descubierta,
preguntando por Laura. "A mí me hicieron poner en puntas de pie y con
los dedos de la mano apoyados contra la pared, y me taparon la cabeza
con una toalla", contó el hermano de la desaparecida.
El testigo declaró que los secuestradores interrogaron a su hermana y
le preguntaron varias veces si pertenecía a la Juventud Guevarista, y
expresó que cuando Manuel protestó por la forma en que la trataban "le
dijeron que se callara porque se lo iban a llevar a él también".
Durante su testimonio, Julio Cédola también declaró que su padre, que
era oficial de la Marina, en el momento del secuestro trató de
interceder por Laura, sin ningún resultado. El testigo afirmó que más
adelante lo acompañó a ver al almirante Emilio Massera, que había sido
compañero suyo en la Escuela Naval. "Massera nos dijo que no nos
preocupáramos, que los chicos eran perejiles y que iban a aparecer",
expresó Cédola.
"Años después alguien me dijo que habían visto a Laura y Manuel en 'La
Cacha', pero no recuerdo quién fue", dijo Cédola. Asimismo, se le
informó al testigo que la Cámara contaba ya con la declaración de
Silvia Bucci, quien afirmó haber compartido su cautiverio en La Cacha
con el matrimonio desaparecido.
Cédola aseguró además que dos primos hermanos suyos, César y Víctor
Cédola, estuvieron secuestrados, pero fueron liberados.
La esposa de Julio Cédola, María Mercedes Tiscornia, también prestó
declaración testimonial. Sobre los secuestradores de Laura y Manuel
expresó que "cada uno de los hombres tenía asignado a quién vigilar, y
no se hablaban entre ellos". Y manifestó que en ese momento se
preocuparon también por la bebé que Laura y Manuel habían tenido hacía
sólo un mes. "Lo demás fue gritos y la desesperación de que a ella se
la estaban llevando y quedaba su bebé", expresó.
Conscripto desaparecido
En otro orden, Rogelio Walter Parada declaró sobre su hermano
desaparecido, Ernesto Parada, secuestrado mientras hacía el servicio
militar en Campo de Mayo, el 22 de junio de 1976.
El testigo expresó que se enteró de la desaparición de Ernesto porque
se lo contó un vecino, de apellido Villanueva. "Nos dijo que lo había
visto esposado, atado y descalzo en un camión del Ejército", explicó
Parada. Según relató, a Ernesto lo llevaban para identificar al padre
de Villanueva, a quien cargaron en el mismo camión, y que
posteriormente fue liberado.
Rogelio Parada declaró que, después de enterarse de esto, fue con su
padre a Campo de Mayo "para averiguar si era cierto, y allá figuraba
como desertor".
Los jueces le dijeron al testigo que en un legajo de la CONADEP figura
la declaración de Guillermo Obiols, quien había sido compañero de
Ernesto Parada en Campo de Mayo. Obiols señaló que vio cómo cargaban a
la víctima atada en un camión del Ejército, y que el Capitán Osvaldo
Miguel Guarnaccia fue quien se encargó de fraguar los datos del
conscripto para hacerlo figurar como "desertor".
"No sé si había gente detenida"
El último testimonio del día fue el del ex policía de la comisaría 5°
Carlos Alberto Basualdo, quien aseguró que recién hoy se enteró que en
esa seccional funcionó un centro clandestino de detención durante la
última dictadura militar.
Basualdo egresó de la Escuela de Policía en 1976 e ingresó de inmediato
en la 5°, donde trabajó hasta 1980 como agente. Actualmente se
desempeña en la Dirección General Vial, en el edificio del Ministerio
de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con el rango de sargento
ayudante.
El policía señaló que cuando ingresó "había gente del Ejército en el
fondo" de la dependencia y que ésta "ingresaba por el portón derecho
(sobre calle 24) en vehículos" de esa fuerza. Dijo que lo hacían "en
camiones Unimov y en Falcon verde".
Asimismo, Basualdo remarcó que "no teníamos (los policías) acceso al patio. No se podía pasar porque habían cerrado todo".
Después, el tribunal insistió con las preguntas tendientes a confirmar
si el policía reconocía la existencia del centro clandestino. En este
marco, el juez Alberto Durán le dijo que Rodolfo Larraude, un policía
que pasó por la 5°, había afirmado ante la Cámara que "sabía que había
detenidos ilegales porque se escuchaban voces desde el fondo" de la
comisaría, y le hizo saber que su testimonio resultaba
"inverosímil".
Entonces, Basualdo reconoció que se escuchaban gritos: "Gritaban, pero
no sabía que había detenidos", se justificó. Y luego sostuvo que las
voces que oía provenían de los efectivos del Ejército.
Así, el policía se suscribió, como otros ex compañeros, a la versión
del "área restringida" en la zona del patio y los calabozos, a la que
sólo tenían acceso los integrantes de los grupos de tareas. También
señaló que los efectivos de la 5° no tenían contacto con "la gente del
Ejército", y en este punto se contradijo con el oficial Jorge Luis
Piazza, quien estuvo a cargo de la comisaría en varias oportunidades, y
hace quince días manifestó que los militares se relacionaban con el
personal de la seccional.
Por otro lado, Basualdo confirmó que el policía Oscar Emilio Bravo
trabajaba dentro de la dependencia. Bravo fue denunciado hoy por la
Cámara ante el fiscal por falso testimonio porque dijo que no realizaba
trabajos dentro del edificio, mientras que un informe del Ministerio de
Seguridad así lo indicaba.
Tanto Basualdo como Bravo señalaron a Luis Vicente Patrault como el
represor apodado "El Tío", sindicado por ex detenidos como uno de los
policías de la 5° que tenía contacto con ellos. Estos testimonios
coinciden con tres declaraciones anteriores, y ya suman cinco los
testigos que contradicen lo dicho por el propio Patrault, quien negó
que su apodo fuera "El Tío".
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