Miércoles 22 de Septiembre de 1999
Informe de Prensa de la APDH La Plata - Juicio por la Verdad
Investigan la presunta destrucción de documentación
Una policía dijo que entregó a sus superiores libros de archivo que, se
estima, fueron destruidos. Los efectivos negaron haberlos recibido.
Además, un testigo denunció al ex comisario Luis Vicat.
Por Francisco Martínez y Lucas Miguel (Secretaría de Prensa)
LA PLATA.- Una mujer policía que
entregó hace cuatro años a sus superiores libros de detenidos de la
época de la represión ilegal, declaró hoy en el Juicio por la Verdad,
al tiempo que sus ex jefes negaron haber recibido esa documentación de
la que no se tienen rastros.
Sara Fernández es cabo primero de la comisaría 3° de La Plata, y
trabaja en el archivo de esa dependencia desde hace casi tres años.
Durante una inspección ocular que realizó la Cámara en la 3°, la mujer
le comentó al secretario de la causa que en el año '95 o '96 le entregó
al comisario y al subcomisario libros de detenidos de la época de la
represión ilegal. Por este motivo, Fernández fue citada y precisó que
los libros de detenidos y sumarios en cuestión comprendían los años
"'73 a '78 u '82". Y que se los dio "en mano" a sus superiores: el
comisario Ricardo Alberto González y el subcomisario Aldo Amaya, ya que
según le dijeron, "había que hacer desaparecer" la documentación de esa
época. "¿Sabe si fueron archivados en otro lugar o incinerados?", le
preguntó el Tribunal. "No sé", respondió la testigo.
La pregunta tenía relevancia ya que existe una reglamentación de la
Policía provincial por la cual se ordena realizar una incineración de
todo documento mayor de diez años, lo que debe constar en un acta. La
cabo primero Fernández señaló que no existe ningún comprobante de la
entrega de los libros de detenidos de la 3° a sus superiores.
Los ex jefes de Fernández también declararon hoy y negaron haber
recibido la documentación. Ricardo Alberto González, un comisario que
fue declarado prescindible de la Policía en mayo del año pasado, dijo:
"No recuerdo, me tengo que remitir a las actas". Sin embargo, esas
actas -según dijo Fernández- no existen.
El ex comisario se escudó diciendo que dada la gran cantidad de
destinos que tuvo, no era posible que recordase el hecho puntual por el
que lo interrogaban. "¿No recuerda o no lo hizo?", le inquirió el juez
Leopoldo Schiffrin, después de decirle que no era creíble. "No lo
hice", replicó González.
"Según el Reglamento de Trámite y Correspondencia (de la Policía) se
debe hacer un acta antes de la incineración de documentos", enseñó el
ex comisario González. "Bueno, pero la diferencia entre el deber ser y
lo que se hace, es grande", expresó Schiffrin.
Por su parte, el subcomisario Aldo Amaya también negó rotundamente
haber recibido de manos de la cabo Fernández los libros de detenidos y
de sumarios para ser destruidos. "Yo nunca recibí semejante orden ni
hubiera ordenado eso. De eso no me hubiese olvidado nunca", sostuvo el
policía, que actualmente es titular de la comisaría 2° de Ezeiza.
Por la contradicción entre los testimonios de Fernández y sus ex jefes,
se realizó un careo que resultó insulso, dado que los testigos se
mantuvieron en sus dichos y el Tribunal no se preocupó en indagar más
sobre la cuestión.
Acusaciones contra Vicat
En las audiencias de hoy también declaró Mario Ernesto Colonna en la causa por la desaparición de su hermano Juan Carlos.
Mario fue detenido junto a Juan Carlos el 30 de julio de 1976 en su
casa y trasladado, presuntamente, al Regimiento de Arana. En este
lugar, Mario perdió el rastro de su hermano que al día de hoy está
desaparecido.
El testigo relató hoy que, después de su paso por el Regimiento, fue
trasladado a una comisaría de Valentín Alsina y en diciembre 1976, a la
Unidad Penal N°9 de Olmos, donde fue puesto a disposición del Poder
Ejecutivo Nacional. Sus últimos meses de detención los pasó en la
cárcel de Caseros, hasta que fue liberado en 1981.
Según contó Colonna, su prima María Inés Córdoba, estaba de novia con
el oficial del Servicio de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires
(SIPBA), Luis Vicat, quien le dijo que sabía que Juan Carlos "estaba
bien" y que habían matado a dos de sus compañeros.
Actualmente, Luis Vicat está procesado por el fiscal Argüero por
espionaje a jueces, legisladores, organismos de derechos humanos, entre
los que se encuentra el juez de la Cámara Federal de La Plata Antonio
Pacilio.
Antes de su detención, Mario Colonna realizó gestiones para hallar a un
compañero secuestrado. Una de las reuniones la mantuvo con el capitán
Cacibio, quien tiempo después lo interrogó durante su detención ilegal
en Arana. Cacibio era agente de los Secretaría de Inteligencia del
Estado (SIDE) y se estima que colaboraba en el SIPBA.
El testigo también relató que en los últimos meses de su detención en
Caseros se entrevistó con el teniente coronel (RE) Carlos Sánchez
Toranzo, quien le pidió que se "rectificara de la utilización de la
violencia". Mario Colonna le contestó al militar que estaba en contra
de la violencia ejercida contra su familia por la dictadura.
El mismo Sanchez Toranzo fue quien entrevistó al ex detenido Pablo Díaz
en la Unidad Penal N°9 de Olmos y le dijo que los chicos de "La Noche
de los Lápices" fueron fusilados en la Jefatura de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires. El militar negó esto en su declaración al
Tribunal en abril pasado.
Causa Calcagno
En tanto, hoy declaró Estela Brusasco, ex preceptora de la Escuela
Normal N°1 de esta ciudad, a la que concurría la estudiante
desaparecida Claudia Alejandra Calcagno.
Brusasco fue secuestrada el 15 de abril de 1977 en su casa, durante un
operativo ilegal en el que participaron "diez hombres que me insultaron
y golpearon", dijo ante el Tribunal. Y agregó: "Le preguntaban a mi
hermana por mi cuñado, que era judío. Tuve que escuchar muchos insultos
contra los judíos".
La testigo declaró que no tiene la certeza del lugar en donde estuvo
detenida -pasó los días vendada-, pero, por las descripciones que hizo,
se puede inferir que Brusasco pasó por el centro clandestino de
detención conocido como "Pozo de Arana" y la Brigada de Investigaciones
de la calle 55 entre 13 y 14.
Cuando llegó a Arana, Brusasco reconoció la voz de Claudia Calcagno
entre los detenidos. Ante la Cámara, la mujer recordó con nostalgia que
antes de la detención "hacíamos (junto a Claudia) teatro para chicos
carenciados".
Durante su detención ilegal de nueve días, la mujer debió soportar
torturas físicas (picana eléctrica y golpes) y psíquicas: "Nos decían
que nos iban a cortar los miembros y hacían simulacros de fusilamiento.
En un momento les pedí que me mataran", sostuvo Brusasco.
La mujer también contó que en el primer lugar donde estuvo la interrogó
un hombre al que identificó como el "capitán negro" que le preguntaba
por los nombres de sus compañeros de militancia.
Carlos López Mateos
También declaró el hermano de Carlos López Mateos, un joven asesinado
por las Fuerzas de Seguridad el 18 de diciembre de 1976, en una casa de
67 entre 14 y 15 de esta capital.
Luis López Mateos manifestó que por dichos de un vecino se enteró que
su hermano fue llevado al Regimiento 7 de Infantería, en camiones del
Ejército, y que su cuerpo nunca apareció.
El testigo contó además que la dictadura secuestró a su madre, Nelly
Mateos, y a su hermana, Elsa Noemí López Mateos, en un hecho que
ocurrió el 12 de noviembre de 1976. Las dos mujeres están
desaparecidas, al igual que la pareja de Carlos López Mateos, Silvia
Isabella Valenzi, quien fue secuestrada cuando estaba embarazada de
cinco meses el 22 de diciembre del mismo año. Esta mujer, según declaró
su hermana a la Cámara en mayo pasado, fue llevada a tener a su bebé
del centro clandestino conocido como "Pozo de Quilmes", al hospital
Municipal de esa ciudad, por el ex médico policial Jorge Bergés. El
testigo que declaró hoy confirmó ese dato, y que nunca se supo que pasó
con la niña de padres desaparecidos.
Jueces y abogados participantes de la audiencia
De las audiencias de hoy participaron los jueces Antonio Pacilio,
Leopoldo Schiffrin, Julio Reboredo y Carlos Nogueira, por la APDH La
Plata los abogados Jaime Glüzmann, Alicia Peralta, Marta Vedio y
Claudio Abalos, y por la Asociación de Ex Detenidos-desaparecidos,
Flavia Fernández Blozze y Mónica González Vivero.
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