Miércoles 15 de Septiembre de 1999

Informe de Prensa de la APDH La Plata - Juicio
por la Verdad
Cementerio: un ex directivo negó que hubiera fosas comunes
También dijo que nunca intervinieron las Fuerzas de Seguridad en la
inhumación de cadáveres NN, víctimas de la represión ilegal, en la
necrópolis de La Plata. Además, declaró un ex detenido que vio niños en
un centro clandestino.
Por Francisco Martínez y Lucas Miguel (Secretaría de Prensa)

LA PLATA.- La Cámara Federal de esta
ciudad recibió hoy el testimonio de Juan Vukov, jefe de departamento
del Cementerio de La Plata durante la última dictadura, quien negó la
existencia de fosas comunes para los cuerpos NN de víctimas de la
represión ilegal y la intervención de las Fuerzas de Seguridad en la
inhumación de estos cadáveres.
Vukov ingresó como empleado en el Cementerio platense en 1963 y trabajó
hasta 1992. Los primeros dos años del gobierno de facto, se desempeñó
como jefe de división y en 1978 fue nombrado jefe de departamento,
puesto que lo puso al mando de 27 empleados del Cementerio.
Vukov admitió hoy ante el Tribunal que "entre los años 1976-80 hubo
mayor cantidad de casos" de cuerpos no identificados. Interrogado
acerca del proceder para la inhumación de cadáveres NN, Vukov sostuvo
que "en el caso de los desaparecidos la solicitaba (a la inhumación) la
Policía".
La única anomalía que registró Vukov durante la dictadura fue el
incremento de cadáveres NN cuya causal de muerte fue pérdida de masa
encefálica por herida de arma de fuego, y aseguró que el funcionamiento
del Cementerio fue el mismo que antes de la dictadura. De esta manera,
también negó las versiones que indicaban la existencia de fosas
comunes: "Todos los cadáveres iban a fosas para una persona", afirmó.
Las suspicacias que rodean el funcionamiento de la necrópolis durante
los años del gobierno militar tienen su origen en las declaraciones del
sepulturero Héctor Lucero, quien ya depuso en el Juicio por la Verdad y
afirmó que las Fuerzas de Seguridad "entraban con camiones a las 3 ó 4
de la tarde, con 10, 15 cajones (...) acompañados por dos o tres
Torinos de Policía". Y agregó: "Salía del camión un señor vestido de
verde, se trasladaban a la Dirección del Cementerio y charlaban con el
director, le daban los lugares correspondientes (para enterrar los
cuerpos) y después retornaban y los sepultaban". En su declaración
Lucero también dijo que las Fuerzas de Seguridad "hacían citar a los
sepultureros por medio de la comisaría de Los Hornos". Al conocer esta
declaración, que en parte fue leída por el juez Leopoldo Schiffrin,
Vukov manifestó: "Eso no pasó, salvo que yo haya vivido en otro
planeta".
Un día, durante los primeros años de la dictadura, "aparecieron -dijo
Vukov-patrulleros y personal militar con una orden judicial para
exhumar el cuerpo de (Ricardo Omar) Sapag", el hijo del gobernador de
Neuquén, Felipe Sapag. El ex empleado del Cementerio contó que cuando
sacaron el cuerpo del cajón en el que supuestamente estaba Sapag, los
restos no correspondían a los de la víctima: "Ahí nos dimos cuenta del
error que se cometía. Metían los cadáveres en un ataúd, pero no se los
identificaba". Vukov contó que ese día los empleados tuvieron que
desenterrar los cinco cuerpos que habían llegado en la fecha de la
muerte de Sapag para poder identificarlo.
Después de este episodio, los cadáveres comenzaron a identificarse con
una cartel colgado de la muñeca, según expresó Vukov. El ex empleado
del Cementerio dijo que esta fue la única oportunidad en que se
reconoció a un NN sepultado.
Por esto, la abogada de la APDH La Plata Elizabeth Rivas le hizo notar
que en los archivos del Cementerio figura el reconocimiento de diez NN.
"No recuerdo, puede ser que yo no haya hecho el trámite", fue la
explicación de Vukov. Además, Rivas indicó que en las licencias de
inhumación figura un número manuscrito que se presume que era puesto en
la morgue de la Policía para identificar a las "víctimas en
enfrentamientos".
Entonces, la abogada pidió una explicación sobre la existencia de esos
números. "Al número lo ponían para no producir el error que cometíamos
antes (del caso Sapag)", respondió Vukov. Sin embargo, Rivas replicó al
ex empleado que "la exhumación (de Sapag) se hizo seis meses después de
que comenzaran a ponerse los números". Vukov se escudó en una respuesta
recurrente de los empleados de los organismos públicos durante la
dictadura: "Nos estamos refiriendo a 20 años atrás. Tengo buena memoria
pero puedo olvidarme".
Por otro lado, el testigo además dijo que durante los primeros años de
la dictadura acompañó una vez al chofer de la ambulancia -que
trasladaba los cuerpos desde la Jefatura de Policía al Cementerio- a la
morgue de la Policía. "En un rincón había siete cuerpos desnudos,
tirados como bolsas de papa, en una pila. Me acuerdo de una chica rubia
con tres impactos de bala en el pecho", sostuvo Vukov.
El ex empleado del Cementerio también denunció que en esa época "la
Policía no identificaba ante el Registro Civil los NN que eran
reconocidos".
Libros perdidos
En otro orden, declaró el médico policial Jorge Boulocq, citado por la
Cámara como consecuencia de la búsqueda de 23 libros de partes
médico-legales de la Dirección de Sanidad de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires, donde constaban las causales de defunción de cientos
de NN, presuntamente víctimas de la represión ilegal.
Boulocq se desempeñó como médico en el Cuerpo Médico de la Unidad
Regional La Plata en 1996. Entre fines de ese año y principios del
siguiente, ordenó la incineración de "libros donde se asentaron
peritajes del Cuerpo Médico" comprendidos entre los años 1981 y 1986.
El médico adujo que la quema de esos libros se produjo por "razones de espacio. Nos estaban tapando los libros y los papeles".
Los libros que busca la Cámara Federal corresponden al período 1976-80
y Boulocq negó rotundamente haber visto los 23 volúmenes y ordenado su
incineración. Pero insinuó que los ejemplares fueron sacados sin dejar
huellas administrativas: "Capaz que en el '95 uno dijo: 'che, estos
libros tienen 20 años', y los quemaron", sostuvo Boulocq.
Niños en la comisaría 5°
En las audiencias de hoy también declaró Carlos Alberto De Francesco,
un ex detenido que estuvo en el centro clandestino de detención (CCD)
conocido como "Pozo de Arana" y en el que funcionó en la comisaría 5°
de esta capital.
De Francesco sostuvo ante el Tribunal que en la 5° un día vio por una
ventana que "de un vehículo bajaron a varias personas y escuchamos el
llanto de chicos. Logré ver la imagen de un policía que llevaba a dos
niños: uno de cuatro o cinco años y el otro de dos o tres". Y remató:
"Es la imagen de los ogros de los cuentos llevando a los chicos".
El testigo De Francesco ya había declarado en el Juicio por la Verdad y
en aquella oportunidad dijo haber visto en la comisaría 5° a casi 200
prisioneros. La Cámara Federal lo citó hoy para que hiciera un
reconocimiento fotográfico de varios desaparecidos que pasaron por ese
CCD y el ex detenido identificó a varios compañeros de detención.
Por otro lado, el Tribunal aprovechó hoy para preguntarle a De
Francesco algunos detalles de sus condiciones de detención. "En la
celda grande llegamos a ser alrededor de 30 personas. Había momentos en
que el piso se mojaba y llegamos a la conclusión de que era el vapor
condensado de nuestra transpiración", sostuvo.
Estudiante fusilada
En tanto, prestó declaración testimonial José Antonio Calcagno, padre
de Claudia Alejandra, secuestrada de un departamento de La Plata junto
a Cecilia Salomone el 15 de abril de 1977. Las dos jóvenes permanecen
desaparecidas.
El testigo relató que la familia fue notificada en 1984 del Juzgado
Penal N°1 de Morón, para realizar una exhumación de 10 tumbas en el
Cementerio de Merlo. De ese procedimiento se rescataron los restos de
Claudia, que descansan en la necrópolis de La Plata.
Por esa investigación judicial, la familia supo que la joven fue
fusilada mientras estuvo ilegalmente detenida. "Dos balazos en la nuca
y varios en el cuerpo", dijo María Cecilia Calcagno -hermana melliza de
la desaparecida que también declaró hoy ante la Cámara- sobre el
resultado de un peritaje judicial realizado durante la investigación.
La mujer señaló durante su declaración que reconoció el cuerpo de su
hermana por una blusa y por la ropa interior que vestía, además de los
caracteres físicos. Más tarde, el fiscal Julio Piaggio -que llegó tarde
a la audiencia y no escuchó este tramo de la declaración- se aventuró a
preguntarle a la testigo si tenía "la certeza" de que los restos
exhumados eran los de su hermana. Argumentó, de manera forzada, que
muchas veces los detenidos ilegales se prestaban ropa.
Por su parte el padre de la joven desaparecida contó que según un
certificado de defunción, Claudia Calcagno murió el 25 de junio de
1977, dos meses después de su secuestro. "Dentro de la desgracia, fue
poco lo que tuvo que sufrir", dijo José Antonio Calcagno.
Sobre el secuestro de Claudia y de Cecilia Salomone, la familia supo
que participaron cuatro personas que llegaron al departamento donde
vivían las jóvenes en un Torino blanco. Estela Brusasco, una preceptora
de la Escuela Normal N°1 de La Plata, colegio al que concurría Claudia,
la vio en el centro clandestino conocido como "Pozo de Arana". La joven
también pasó por la Brigada de Investigaciones de esta ciudad.
Claudia Calcagno tenía 16 años, era militante de la Unión de
Estudiantes Secundarios, y participó de las marchas en reclamo del
boleto estudiantil secundario. Muchos jóvenes que pidieron la
implementación del boleto están desaparecidos, en especial los
secuestrados durante "La Noche de los Lápices", de la que mañana se
conmemoran 23 años.
Mirta y Adriana Haidar
También declaró Dolly Alvarez, por la desaparición de Mirta y Adriana
Haidar. Alvarez era novia del hermano de las jóvenes, quien también
desapareció en 1982.
La testigo dijo que, según una versión, las hermanas Haidar habrían
sido muertas en un presunto enfrentamiento ocurrido en Bernal, el 27 de
febrero de 1977, en un hecho en que las Fuerzas de Seguridad habrían
cercado la manzana de la casa en la que vivían.