Miércoles 9 de Junio de 1999

Informe de Prensa de la APDH La Plata - Juicio
por la Verdad
En Arana se quemaban cadáveres
Ese fue el destino de muchos desaparecidos en Arana. Lo dijo un testigo
que tuvo contactos con un guardia de ese centro clandestino de
detención. Además, declaró un ex juez de la dictadura que hasta 1976
era militar. Y dos represores se negaron a declarar.
Por Francisco Martínez y Lucas Miguel (Secretaría de Prensa)

LA PLATA.- Hacían un pozo donde ponían
cubiertas de autos, después tiraban los cadáveres y otra capa de
cubiertas. Echaban gasoil y los prendían fuego.
De esta manera se destruían cadáveres de detenidos ilegales en el
centro clandestino de detención "Pozo de Arana", según le contó un
policía que prestó servicios en ese lugar a un testigo que hoy declaró
en el Juicio por la Verdad.
Francisco Fanjul testimonió en el caso de la desaparición de la beba
Clara Anahí Mariani y del cuerpo de su madre, Diana Teruggi. El
testigo, que tiene un hermano desaparecido, dijo que su padre
organizaba reuniones durante la dictadura entre familiares de las
personas secuestradas y el policía que actuó en el "Pozo de Arana", un
cabo de nombre Roberto Grillo.
En una de esas reuniones, Grillo le confió a los familiares de
desaparecidos que su función en Arana era "hacer desaparecer" cadáveres
y relató cómo se hacía el procedimiento.
Interrogado acerca de si el policía u otros efectivos de las fuerzas de
seguridad con los que se reunió su padre aportaron algo sobre el
paradero de la beba Clara Anahí, Fanjul no pudo dar precisiones.
"Siempre que se preguntaba por la beba había hermetismo, si bien daban
otras informaciones reservadas", afirmó el testigo. No obstante,
recordó que Grillo les dijo que en los casos de secuestros de menores,
estos eran entregados a la Casa Cuna de la Capital Federal.
El juez de facto
En tanto, el ex juez federal durante de la dictadura, Héctor De la Serna, declaró también en el marco de la causa Mariani.
El tribunal citó a De la Serna porque María Isabel Chorobik de Mariani
había declarado que se dirigió a su juzgado en 1976 para denunciar el
robo de sus teléfonos, en un procedimiento ilegal que realizaron las
Fuerzas de Seguridad días después que atacaran la casa de su hijo. "Me
dijeron que los teléfonos eran bienes del Estado, por eso fui a
denunciar el robo", dijo Chorobik al Tribunal. Ante la Cámara, el ex
juez dijo no recordar la entrevista con Mariani y en todo momento
estuvo a la defensiva.
Por la contradicción que se desprende del testimonio de ambos, y a
pedido de la representante legal de Chorobik, el tribunal decidió un
careo entre De la Serna y la denunciante, en el que los testigos se
mantuvieron en su postura: Chorobik dijo que se había reunido con De la
Serna y éste respondió que no recordaba ese encuentro. La mujer también
contó que el ex juez la derivó a la Policía Federal para que hiciera la
denuncia.
La importancia de la declaración de De la Serna radica en que tuvo a su
cargo el Juzgado Federal Nº1 de La Plata entre los años 1976 y 1984, y
en los primeros siete años recibió cientos de hábeas corpus presentados
por familiares de desaparecidos. Además, el ex juez era teniente
coronel en el Ejército y se retiró en 1976 para ejercer funciones en
ese juzgado "porque me llamaron para el cargo", afirmó. Y agregó:
"Sentí que debía ser juez para hacer algo por mi patria".
De la Serna también tuvo intervención en casos de personas
desaparecidas. Cuando la APDH La Plata le preguntó cuántos hábeas
corpus se tramitaron en su juzgado, eludió: "No lo recuerdo, tengo la
cabeza en la filosofía porque estoy rindiendo exámenes".
Asimismo, el ex juez de la dictadura contó que cuando recibía pedidos
de eximición de prisión solicitaba informes a los organismos de
seguridad.
"Muchas veces me apersoné ante (el ex Jefe de la Policía de la
Provincia) Ramón Camps y ante el coronel Presti". La APDH La Plata le
preguntó también si su trabajo estaba "condicionado" y el ex magistrado
respondió: "No recibíamos órdenes. A la Justicia se le dio libertad en
aquella época".
En el final de la declaración, De la Serna se refirió a los centros
clandestinos de detención durante la dictadura. Dijo que "ni sabía" de
su existencia y que de haberse enterado "hubiéramos ido. Pero no fuimos
porque no sabíamos".
Un testigo del ataque
En las audiencias de hoy también declaró Eduardo José Díaz, un
almacenero que tiene su comercio en la esquina de 30 y 56, a pocos
metros de la casa en la que vivía el matrimonio Mariani y su hija. Díaz
había recibido a Diana Teruggi el 24 de noviembre de 1976 en su
negocio. La mujer fue a hacerle un pedido que el almacenero llevó
alrededor del mediodía a su casa. Allí lo recibió Daniel Mariani, el
esposo de Teruggi, quien se salvaría más tarde de la masacre gracias a
un viaje. Díaz, además, pudo ver a la pequeña Clara Anahí -de tres
meses- en su cuna y a otras tres personas que estaban cocinando, ya que
en la casa funcionaba una empresa familiar de comidas.
El almacenero contó que, pasada la una de la tarde de ese día, personal
del Ejército y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires cortaron
el tránsito a 200 metros de la casa. "Según las referencias, había como
500 efectivos", afirmó Díaz.
Esa tarde murieron Diana Teruggi y tres de sus compañeros, mientras que la beba aun permanece desaparecida.
Pacto de silencio
Asimismo, dos policías que estuvieron en el operativo represivo en la casa de los Mariani se negaron a declarar.
Luis María González, comisario general retirado de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires era el Jefe del Cuerpo de Bomberos en 1976.
En la audiencia de hoy, antes de manifestar su negativa a declarar, se
preocupó por demostrar -con señas y gestos- que desconocía el caso.
En tanto, Daniel Omar Lacay, quien habría sido custodio del coronel
Ramón Camps, es un jubilado de policía de apenas 48 años. Tiene una
causa abierta por la fuga de un detenido en la comisaría novena de La
Plata, pero dijo que no sabía en qué situación procesal se encontraba.
Al igual que la semana pasada, los represores que participaron del
ataque a la casa de Daniel Mariani y Diana Teruggi se negaron a revelar
lo ocurrido en la vivienda conocida en La Plata como "La Casa de la
Resistencia".