Sentencia del juez platense Arnaldo Corazza declarando inválidas e inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y dictando orden de detención contra el sacerdote Christian Federico Von Wernich
La
Plata, septiembre 19 de 2003
Autos y Vistos: estos traídos a despacho a los efectos de resolver
lo peticionado por el Señor Fiscal Pedro Pablo Crous en si petitorio
de fojas 1/85, puntos I, II, III, formulados en la presente causa n°
7/7768 caratulados: "CROUS, Felix Pablo s/ su dcia." del registro de
la Secretaría Penal N° 7; agréguense las actuaciones remitidas por la
Excma. Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad y fórmese legajo
que correrá por cuerda a los presentes con relación a las declaraciones
recibidas en causa N° l/S.U. caratulada: "Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos S/ presentación Averiguación"
Y Considerando:
Que como consecuencia de la denuncia de fojas l/85 formulada por el
Señor Agente Fiscal, Doctor Felix Pablo Crous representante del Ministerio
Público Fiscal por resolución de la Procuración General de la Nación
n 46/02 y 103/02 en los procesos que por violación a los Derechos Humanos
se siguen en esta ciudad, el que encontrándose comprendido en las disposiciones
del art. 174 del C.P.P.N. formula requerimiento de instrucción en los
términos del art. 188 del código formal.
En tal sentido y como consecuencia de la substanciación del juicio por
la verdad que se lleva a cabo ante la Excma. Cámara Federal de Apelaciones
de La Plata, en reiterados oportunidades varios testimonios mencionaron
y vincularon al sacerdote Cristian Federico Von Wernich -con jerarquía
de oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires- como protagonista
de la comisión de gravísimos hechos perpetrados durante el periodo de
facto entre los años 1976/1983.-
Que a estos testimonios recogidos por el tribunal antes mencionado deben
sumarse la información que fueran reunidos en su oportunidad por la
Comisión Nacional Desaparición de Personas, como también notas periodísticas,
bibliografías y últimamente por la red Internet.-
Que ante todos estos casos, la actividad del sindicado ya sea por acción
u omisión, importó la contribución a la privación ilegal de la libertad
agravada, la mortificación que entrañaban las condiciones de detención
como también y valiéndose de su calidad de sacerdote, procuraba obtener
de los detenidos la información necesaria ello mediante la mortificación
física que lograría quebrar la resistencia moral de aquellos.- Le imputa
el Señor Fiscal Crous a Cristian Federico Von Wernich la complicidad
primaria en la privación ilegal de la libertad agravada y tortura de
Elena de la Cuadra y Héctor Baratti; la sustracción, retención y ocultamiento,
supresión de estado civil y falsedad ideológica de los documentos públicos
destinados a acreditar la identidad de la hija de éstos nacida en cautiverio
que recibió de sus padres el nombre de Ana Libertad; también la complicidad
primaria en la privación ilegal de la libertad agravada y tortura de
Luis Velasco, Néstor Bozzi, Ricardo San Martín, Jorge Andreani, Analía
Maffeo. Liliana Galarza y su hija María Mercedes, Osvaldo Lovazzano,
Alberto Canciani, un Comisario de la policía de la provincia de Buenos
Aires que había sido trasladado desde Tandil, una joven que estaba en
la Brigada de Investigaciones de La Plata del cual se desconoce su identidad,
Jorge Fernando Fanjul Mahia, Cristina Bustamante, Cecilia Luján Idiart,
Domingo Héctor Moncalvillo, María del Carmen Morettini, María Magdalena
Mainer, Pablo Joaquín Mainer, Nilda Susana Salomone, Carlos Alberto
Zaidman, José María Llantada, Eduardo Kirilovsky, Jorge Gilbert, Héctor
Mariano Ballent, Ramón Miralles, Juan Ramón Nazar, Alberto Liberman
y Luis Larralde; de igual modo -al menos como cómplice secundario por
promesa anterior- en la privación ilegal de la libertad de Ricardo Antonio
Sanglá, Rodolfo Emilio Pettiná y Héctor Oscar Manazi, según lo denota
la actividad que desplegara en su visita a la casa de Trenque Lauquen
en La Plata, lugar en el cual coaccionó a la señora Elena Taybo de Petinná
para que deje de buscar a su hijo y desista de realizar denuncias ante
la CIDDHH de la OEA, bajo riesgo de que sus demás hijos, o ella misma
corriera la misma suerte que el joven desaparecido.- también le imputa
el Señor Fiscal la condición de patícipe primario o secundario según
la discriminación efectuada anteriormente, en el homicidio calificado
de aquellos que no han reaparecido en especial los de Maria del Carmen
Morettini, Cecilia Luján Idiart y Domingo Héctor Moncalvillo.-
Que en otro párrafo de su requisitoria y luego de evocar la situación
jurídico-política acaecida a partir del 24 de marzo de 1976; el sistema
instaurado a partir del contenido en las Actas y Reglamentos del Proceso
de Reorganización Nacional; la de establecer que los hechos que aquí
nos ocupan resultan crímenes contra el derecho de gentes; el nuevo orden
instaurado por el Derecho Penal Internacional de la segunda posguerra,
sus principios y consolidación; la jurisprudencia de los tribunales
nacionales; lo expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
al decir en forma elocuente y preocupante de los detenidos ilegales
y la utilización de apremios físicos y psíquicos para con los detenidos
ocurridos en esta región en el período 1976/l983; cuya atención internacional
provocó esa situación y la multiplicidad de los derechos con ella violados
que constituirían "crímenes contra la humanidad", sentencia del 29 de
julio de 1988; la formulación que sobre el derecho de gentes reconoce
nuestro derecho interno en su art. 118 de la Constitución Nacional;
lo resuelto mediante la resolución 2391 (XXIII) del 26 de noviembre
de 1968 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en "Convención
sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes
de lesa humanidad"; las referencias efectuadas a las leyes 23.492 y
23.521 llamadas de obediencia debida y punto final, respectivamente;
la primacía de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales
hoy contenidas en el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional. Finalmente
peticiona se declare inválidos por inconstitucionales el art. 1 de la
ley 23.492 y los arts. 1,3 y 4 de la ley 23.521, se disponga la comparecencia
a prestar declaración indagatoria de Cristian Federico Von Wernich y
se ordene la detención del mismo en orden a las calificantes efectuadas
por la comisión de ilícitos aquí descriptos en virtud de la pena amenazada
por el Código Penal.-
Que sin embargo, con posterioridad a la vigencia de las leyes anteriormente
señaladas, se abrieron causes de investigación con relación a hechos
que no se encontraban alcanzados por esos beneficios. o la determinación
de un procedimiento alternativo para establecer las consecuencias de
las violaciones a las derechos humanos ocurridos durante el período
1976/1983 .- En efecto, originariamente en la causa n 13/84 del registro
de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal de la Capital Federal se produjeron las primeras identificaciones
de personas desaparecidas durante el período 76/83 con la colaboración
del Equipo Argentino de Antropología Forense y su posterior restitución
a familiares sobrevivientes.-
En otro orden, el 2 de marzo de 1995 se hicieron públicas las declaraciones
que el ex capitán de la Armada Adolfo Scilingo realizó al periodista
Horacio Verbitsky en las que confesó su participación en vuelos programados
por la Marina en los cuales se arrojaban al Río de la Plata cuerpos
de personas que en la mayoría de los casos previamente habían sido narcotizados
para minar su resistencia física y asegurar su muerte.- Este procedimiento
no era desconocido, pero la admisión que formulara un oficial naval
participando de esos viajes, dio lugar a numerosas presentaciones de
familiares y abogados de las víctimas del terrorismo de Estado que pudieron
haber padecido esta forma de eliminación.-
Así entonces estas presentaciones dieron lugar a un procedimiento que
buscaba reconocer el derecho de los familiares y la sociedad toda a
conocer con detalles la metodología utilizada por la dictadura militar.-
Este proceso que fue dado en llamarse como "búsqueda de la verdad" constituye
aun en la actualidad un método valioso para establecer la verdad real
acerca de como se produjeron las circunstancias de desaparición, muerte
y lugar de inhumación de varias de las victimas del terrorismo de Estado
durante el período señalado, a la vez que permitió ampliar la base fáctica
de conductas atribuidas a los responsables del terrorismo de Estado.-
Las presentaciones de los familiares se fundaron en el desarrollo que
sobre la desaparición forzada de personas elaboró el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos con fundamento en que era posible la existencia
de una obligación internacional hacia el Estado argentino en aras del
reconocimiento del derecho de los familiares a conocer el paradero de
los desaparecidos y la obligación a investigar las violaciones a los
derechos humanos hasta conocer la verdad.- Esta línea de pensamiento
resultó fundante pues en ella se ubica el núcleo de razones que posteriormente
habrán de justificar el reconocimiento de la condición de delitos de
"lesa humanidad "de tal índole de hechos y de su imprescriptibilidad
por esos motivos.- Las consecuencias de este procedimiento fue el reconocimiento
de la inalienabilidad del derecho a la verdad y la obligación de respecto
al cuerpo y del derecho al duelo, fundados en el ordenamiento jurídico
argentino, así como el derecho a conocer la identidad de los niños nacidos
en cautiverio y la obligación del Estado argentino de investigar y castigar
a les responsables.-
De ello se sigue que a pesar de la sanción de las leyes conocidas como
de obediencia debida y punto final -23.492 y 23.521 respectivamente-
y los indultos que limitaron la actividad jurisdiccional, la búsqueda
de vías alternativas como el procedimiento de "búsqueda de la verdad"
permitieron conocer los métodos utilizados por la dictadura militar
entre los años 1976/1983 en los casos de decesos de numerosos víctimas
que permanecieron desaparecidas.- Estos hechos de gravedad fueron declarados
por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal de la Capital Federal como de "lesa humanidad", consecuentemente
imprescriptibles.-
Que para arribar a tal pronunciamiento se tuvo en cuenta que respectivamente
ya la Carta Orgánica del Tribunal Militar de Nuremberg definía como
delitos de lesa humanidad "... al asesinato, la exterminación, la esclavitud,
o la comisión de otros actos inhumanos contra la población civil, antes,
durante la guerra o persecuciones por motivos políticos, raciales o
religiosos...". Precisamente la magnitud de los crímenes contra la humanidad
cometidos durante la segunda guerra mundial, advirtió la necesidad de
universalizar su régimen frente a la estanqueidad de la competencia
de cada Estado en materia de Derechos Humanos.- De esta forma se formularon
instrumentos que tienen por objeto la humanización de las relaciones
entre Estados y de estos con sus ciudadanos.-
En general, surge de los tratados de Derechos Humanos tres obligaciones
básicas: 1) la de respetar los derechas protegidos. 2) la de garantizar
el goce y pleno ejercicio de los derechos protegidos a las personas
que se encuentren bajo su jurisdicción y 3) adoptar las medidas necesarias
para hacer efectivos los derechos protegidos.-
Estas obligaciones conocidas como de respeto y garantía surgen como
reconocimiento por parte del Estado del interés que la comunidad internacional
manifestara sobre el tema.- Existen ciertos atributos inviolables de
la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el
ejercicio del poder publico.- Estas obligaciones surgen del art. l.l.
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; del art. 2.l. del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículos 2°,
4°, 5°, 6° , 7°, 12°, 13°, y 14°, de la Convención contra la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.-
Con relación a lo expuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
afirmó que las obligaciones internacionales deben ser cumplidas de buena
fé, sin que pueda invocarse para su incumplimiento, el derecho interno.-
De este modo, resulta indudable la responsabilidad estatal por el dictado
de normas contrarias al deber de persecución y sanción penal de los
delitos de lesa humanidad.-
Que en atención a la sanción de las leyes 24.392 y 25.521 de fechas
23 de diciembre de 1986, y 4 de junio de 1987 respectivamente y que
el Congreso de La Nación aprobó la Convención Americana de Derechos
Humanos -1° de marzo de 1984- el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos - el 17 de abril de 1986- y la Convención contra la Tortura
y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes -el 30 de julio
de 1986-, el criterio sentado por la Corte suprema de Justicia de la
Nación según el cual los tratados internaciones quedan incorporados
a la legislación del país a partir de la aprobación por el Congreso
de la Nación, ello conforme fallos 202:353, esas normas convencionales
formaban parte del derecho interno.-
Así entonces desde la fecha de aquellos instrumentos de derechos humanos,
el Estado argentino se encontraba impedido de dictar normas que vedaran
la posibilidad de investigar cualquier lesión de bienes protegidos por
esos tratados o restringieran la punibilidad de esos delitos en violación
a los deberes de respeto y garantía que ellas establecen consecuentemente
las leyes dictadas de "obediencia debida y punto final n° 23.492 y 23.521
no correspondería su aplicación en tanto tales circunstancias surgiría
responsabilidad por parte del Estado argentino.-
Que en trance a decidir lo peticionado por el Señor Agente Fiscal en
su requisitoria de fojas l/85 de los presentes, resultando de lo antes
expuesto que las conductas de las que fueran victimas Elena de la Cuadra
y Héctor Baratti; de Luis Velasco, Néstor Bozzi, Ricarso San Martín,
Jorge Andreani, Analía Maffeo, Liliana Galarza y su hija Maria Mercedes,
Osvaldo Lovazzano, Alberto Canciani, así también la de un Comisario
de la policía de la provincia de Buenos Aires que había sido trasladado
desde Tandil, también la de una joven que estaba en la Brigada de Investigaciones
de La Plata de la cual se desconoce su identidad. Jorge Fernando Fanjul
Mahia, Cristina Bustamante, Cecilia Luján Idiart, Domingo Héctor Moncalvillo,
María del Carmen Morettini, María Magdalena Mainer, Pablo Joaquín Mainer,
Nilda Susana Salomone, Carlos Alberto Zaidman, José María Llantada,
Eduardo Kirilovsky, Jorge Gilbert, Héctor Mariano Ballent, Ramón Miralles,
Juan Ramón Nazar, Alberto Liberman y Luis Larralde; como también la
de Ricardo Antonio Sanglá, Rodolfo Emilio Pettiná y Héctor Oscar Manazi;
los de Maria del Carmen Morettini, Cecilia Lujan Idiart y Domingo Héctor
Moncalvillo, constituyen una categoría de ilícitos que repugnan la conciencia
universal, cuales son los delitos contra la humanidad.- Estos crímenes
de rango universal se encuentran expresamente reconocidos en nuestro
ordenamiento jurídico interno en el art. I 18 de la Constitución Nacional,
en razón a la referencia que sobre el derecho de gentes esa cláusula
prescribe.- Así lo ha interpretado la Corte Suprema de Justicia de la
Nación por la que ha reconocido la vigencia interna plena de este principio
universal, afirmando que la calificación de los delitos contra la humanidad
no dependen de la voluntad de los Estados, sino de los principios del
ius cogens del Derecho Internacional .- (vide C.S.J.N. "Priebke, Erich
s/ solicitud de extradición" Fallos 318:2184) .-
Así entonces por todo lo antes expuesto, corresponde declarar inválidos
e inconstitucionales el art. 1° de la ley 23.492 y los ats. 1,3 y 4
de la ley 23.521; así se resolverá.-
Que sentado lo anterior y existiendo "prima facie" en autos la sospecha
fundada que prevee el art. 294 del C.P.P.N., se deberá receptar declaración
indagatoria al sacerdote Cristian Federico Von Wernich en orden a los
delitos anteriormente calificados, y en consecuencia proceder a la inmediata
detención del nombrado.-
Por ello, consideraciones y fundamentos expuestos:
Resuelvo:
I) - Declarar inválidos e inconstitucionales el art. 1 de la ley 23.492
y arts. 1,3 y 4 de la ley 23.521.-
II) - Consecuentemente con lo expuesto en el considerando que antecede,
proceder a la inmediata detención de Cristian Federico Von Wernich,
por encontrarlo "prima facie" incurso en los delitos de privación ilegal
de la libertad, torturas, y participación en homicidio calificado, hechos
estos previstos y reprimidos por los arts. 144 bis; 144 ter; 80, inc.
7 del Código Penal.- (55 del C. Penal).- En atención al domicilio fijado
por el indicado por el nombrado a fojas 211, esto es en Avenida Alicia
Moró de Justo n° 11l50, piso 2, 206 "B" de la Capital Federal y la Casa
Parroquial de Norberto de la Riestra, ubicada en Boulevard de La Paz
s/ n° partido de 25 de Mayo, deberán disponerse el allanamiento de ambos
domicilios con el objeto de proceder a la inmediata detención de conformidad
con lo dispuesto por el art. 224 y concordantes del C.P.P.N.- A tales
fines, líbrese exhorto a los Magistrados de las localidades precitadas
anteriormente.-
III) - Fórmese II cuerpo a partir de fojas 201 y recaratúlense los presentes
del siguiente: "VON WERNICH, Cristian Federico s/ infr. arts. 144 bis,
144 ter, 80 inc. 7 54 del C. Penal.-" Regístrese, notifíquese, ofíciese.-
ARNALDO HUGO CORAZZA
Juez Federal
ante mi
GUSTAVO E DURO
SECRETARIO FEDERAL
En 19 septiembre del mismo notifiqué al Señor Fiscal.- Conste.-
RODOLFO MARCELO MOLINA
FISCAL GENERAL
Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°2
GUSTAVO E DURO
SECRETARIO FEDERAL
