El marco histórico.
INFORME
CO.SO.FAM BARCELONA, MARZO DE 1999
Han pasado más de trece
años desde que fueron dictadas las sentencias contra los responsables
de las Juntas Militares que gobernaron la Argentina entre 1976 y 1983 y
más de veintidós del golpe militar. Hoy es evidente que los intentos de
cerrar ficticiamente las cuestiones relacionadas con la violación de
los derechos humanos y esclarecer la de los desaparecidos, han
fracasado y siguen siendo centro de un debate político, social y legal,
que implica al conjunto de la sociedad argentina e internacional, tal y
como ocurre en las presentes circunstancias.
El denominado Proceso de Reorganización Nacional, con el golpe militar
de marzo de 1976 y la destitución de Isabel Martínez de Perón de la
presidencia del país, constituye un salto cualitativo y cuantitativo
desde el punto de vista de la violencia y de los cambios en la
caracterización de la tradición golpista argentina. Esto se debe al
hecho de que los parámetros básicos de la Doctrina de Seguridad
Nacional argentina, son aplicados desde ese momento como políticas de
gobierno y no sólo como directivas del aparato de seguridad. Aunque
durante el gobierno de la Sra. de Perón las fuerzas de seguridad
contaban con amplia libertad de acción, a partir del golpe militar,
todo el aparato estatal queda subordinado a los dictados de quienes
aplicarían la mencionada Doctrina como guía ideológica de ese y de los
futuros gobiernos militares.
Este cambio cualitativo resulta de la diferencia en la intención de
penetración en la sociedad civil, que supera los límites habituales
propios de los gobiernos autoritarios, para inclinarse en favor de
concepciones y prácticas totalitarias.
El monopolio de la fuerza armada, fuera de discusión con la derrota de
los poco relevantes grupos guerrilleros a finales de 1975, el control,
directo o "inducido", de los medios de comunicación masivos, la
abolición del control parlamentario y el tutelaje directo sobre los
órganos judiciales y ejecutivos supervivientes al golpe, se enmarca
conceptualmente en una vía ideológica materializada en una práctica de
guerra total, continua e ilimitada. Al desbordar la supuesta guerra los
límites de lo estrictamente militar e incidir en el campo social,
económico y político, por tratarse precisamente de una guerra, resulta
natural que el proceso sea conducido por quienes más conocen de ella:
los militares. La Doctrina de Seguridad Nacional establece el lazo
indisoluble entre nación, estado y ejército y a partir de esta
concepción se definen las políticas de seguridad, unidad y defensa de
los intereses nacionales.
Dentro de este cuadro la elite militar se autopercibe como la más
calificada y única capaz de regir la totalidad de la vida nacional. El
hecho de que el gobierno esté en sus manos hace posible que éste se
identifique con la nación y el estado, convirtiendo a los militares
-según los criterios de esta Doctrina- en la encarnación del espíritu y
de los verdaderos intereses de la nación. En consecuencia, todo
cuestionamiento al gobierno militar, a los militares o al estado
militarizado es interpretado como una manifestación contra la nación
misma, que al ser percibido en términos bélicos, y por lo tanto como
acto ilegítimo y reprimible, sólo constituye un obstáculo a superar en
el camino hacia la victoria.
Esta concepción crea un desequilibrio total entre el individuo y el
estado, similar al de los fascismos de entreguerras. La existencia del
individuo sólo adquiere validez en este caso, como subordinada al marco
de los intereses nacionales basados en la Doctrina de Seguridad
Nacional. Los derechos individuales --humanos- en este modelo quedan
supeditados a las decisiones sin control democrático del gobierno
militar.
La realidad argentina de los años setenta, aunque muy diferente de
aquella que generó la visión cultural, ideológica y política de los
fascismos europeos, a través de la influencia del nacionalismo
integralista de los años treinta y de la admiración del nazismo alemán,
posibilitaban la asimilación a la Doctrina de Seguridad Nacional de la
mencionada percepción de la vida como guerra. En este marco, el enemigo
dejó de estar localizado en las ya inexistentes organizaciones armadas,
sino en la propia sociedad civil asociada, según la percepción militar,
a partidos políticos, movimientos sindicales, estudiantiles, en algunos
sectores de los medios de comunicación, en las clases medias
profesionales, de obreros y artesanos especializados y, en algunos
casos, de campesinos acosados por la pobreza.
Era casi natural en el ámbito de los parámetros ideológicos
mencionados, que los militares profundizaran su enfrentamiento con la
sociedad civil. Sólo así se entiende la ola de terrorismo desatada
frente a una sociedad civil inerme. El análisis ideológico del enemigo
multicéfalo, sujeto a una metamorfosis de los grupos armados en
sociedad civil y viceversa, alimentó una paranoia que sustentó la
percepción de la vida como una guerra total y continua, que dictó la
política represiva, materializada en la violación masiva de los
derechos humanos a partir del golpe militar de 1976.
Las operaciones derivadas de estos presupuestos y la consiguiente
represión, revelaron la utilización de la preexistente estructura de
las fuerzas armadas y de seguridad que actuaban como si de un enemigo
exterior se tratase. El país se dividió en cinco zonas de seguridad,
coincidentes con los cuerpos de ejército encargados de su defensa en
situaciones de guerra, subzonas operativas a cargo de brigadas, las
cuales a su propia vez fueron divididas entre las unidades apostadas en
más de doscientos centros urbanos, apoyadas por la existencia de
centros clandestinos de detención. La subdivisión implicaba no sólo
respeto a las órdenes superiores, que en el vértice de la pirámide de
mando emanaban de la Junta de Gobierno, sino también la responsabilidad
directa de los comandantes de regimientos sobre los centros de
detención y de sus subordinados sobre el manejo diario de estos
lugares. Si a todos los factores -ideológicos y estructurales-
mencionados se agregan las desapariciones como característica central
de las violaciones de los derechos humanos de este período, tendremos
un cuadro de situación suficientemente claro. La combinación entre la
idea de la guerra interna total aplicada como política de seguridad,
sumada a la estructura de mando y a la responsabilidad directa,
diseminada a lo ancho de la oficialidad media, con comandantes locales
habilitados para actuar con iniciativa propia para lograr los objetivos
de destrucción total de la subversión y sus bases, explican la
intensidad del proceso. El mensaje ideológico y las órdenes emanadas de
la Junta, indican una dirección definida de la acción, sin precisar los
detalles, y además, la diseminación territorial de la represión y las
responsabilidades a lo ancho de las fuerzas de seguridad,
descentralizan el proceso y cohesionan factores diversos y a veces
competitivos, al comprometerlos dentro de la línea de acción señalada
por los mandos y la ideología. El cuadro se completa con exigencia, por
parte de los mandos, de eficiencia militar en los operativos realizados
contra civiles, que magnifican el impacto de las acciones, creando una
atmosfera de terror en la sociedad civil y un mayor control sobre las
propias fuerzas de seguridad.
Hay que señalar también la notable similitud ideológica de la Doctrina
de Seguridad Nacional en la explicación del enemigo, y las teorías
míticas sobre la conspiración judía mundial. En ambos casos se trata de
visiones sobre el carácter conspiratorio del enemigo, al cual se
atribuyen características demónicas que supuestamente emplea para
controlar la sociedad en que vive y eventualmente el mundo, y cuyos
valores e intenciones son presentados como absolutamente antitéticos a
los de la civilización cristiana y occidental. Si a esto sumamos en el
caso argentino, las corrientes tradicionales de antisemitismo social,
la influencia ideológica del nazismo sobre el amplio espectro de las
fuerzas armadas y en los grupos paramilitares de ultraderecha, que
desde 1975 operaban bajo tutela militar contra las guerrillas, y un
nacionalismo integralista y católico que era parte de la Doctrina
mencionada, se forma una combinación que explica el ensañamiento
particular de la represión con sus víctimas judías, así como el hecho
de que el judío, por el solo hecho de serlo, fuera automáticamente
sospechoso de ser parte del enemigo.
Por las acciones descriptas la sociedad civil argentina sufrió una
violenta agresión por parte de las fuerzas armadas y de seguridad, con
una paradojal pérdida de la seguridad personal. La arbitrariedad
generalizada por una mezcla de efectismo operacional y criterios
ideológicos abiertos, produjo un altísimo número de víctimas directas
entre muertos, desaparecidos, torturados, detenidos sin proceso,
exiliados y víctimas de la violencia generada por una represión sin
control.
Así, el buscado efecto de la paralización y desmovilización social y
democrática se cumple como derivación natural del terror impuesto sobre
la población del país. La destrucción de toda garantía legal a la
integridad física de las personas, reflejadas en el asesinato de 23
abogados y la desaparición de 109 más, desde 1975 en adelante, da una
idea cabal del estado de desprotección de la población. No se cree
necesario abundar en esta reflexión introductoria ya que este encuadre
general está suficientemente desarrollado en otros documentos de la
instrucción del señor Juez.
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