G. Desaparición de periodistas
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Si cabe
señalar un estamento que notoriamente estuvo bajo la óptica preocupada
del siniestro aparato de persecución y represión político-social
montado por el gobierno militar, forzosamente habrá que mencionar a los
periodistas argentinos. No fue a causa de la casualidad o por error que
es tan alta la cantidad de víctimas en proporción a los profesionales
que integran el sector: además de afectar con este ataque el vasto
campo de la cultura, siempre vista con recelo por las dictaduras, es
evidente que se apuntó a silenciar un grupo social de gran importancia
para evitar de raíz todo tipo de cuestionamiento público.
Naturalmente, la actividad periodística siempre convocó la más diversa
gama de intelectuales, personal idades del arte y de las letras , así
como gente con alto grado de inquietud política y sociológica. Por
añadidura, los organismos sindicales que agrupan a los periodistas se
destacaron por su firme actitud de defensa de sus asociados, y en tal
sentido lucían en el escenario de las luchas en pos de la vigencia de
la libertad de pensamiento, con particular brillo.
El mismo día 24 de marzo de 1976, la Junta de Comandantes en Jefe en su
comunicado N° 19 hizo saber que sería «reprimido con reclusión de hasta
10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgara o propagara
noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar,
perjudicar o desprestigiar la actividad de las fuerzas armadas, de
seguridad o policiales».
El tiempo fue dando cuenta del significado y alcance de tal
advertencia. Se intervino militarmente a la Federación Argentina de
Trabajadores de Prensa; se expulsó a corresponsales de agencias
extranjeras y se requisó haciendo incinerar numerosos libros de
bibliotecas privadas y públicas.
En «La Razón» del 29 de abril de 1976, se informaba que el Teniente
Coronel Jorge Eduardo Gorleri, Jefe del Regimiento 14 de Infantería
Aerotransportada, dependiente del III Cuerpo de Ejército con asiento en
Córdoba, había invitado a periodistas a presenciar una quema de libros
de autores marxistas o afines, confiscados en diferentes librerías de
esa ciudad, manifestando en esa oportunidad que se procedía a
«incinerar esta documentación perniciosa que afecta el intelecto, a
nuestra manera de ser cristiana... y en fin a nuestro más tradicional
acerbo espiritual sintetizado en Dios, Patria y Hogar».
Un gran número de periodistas sufrió la prisión, la desaparición o la muerte.
Los represores interpretaron que los periodistas ponían en riesgo el
pretendido consenso que debía acompañar las muy polémicas y
comprometedoras facetas de la acción de gobierno, así como el sigilo y
secreto con el que operaba el aparato represivo ilegal que debía
paralizar por el pánico a toda la Nación.
La sola posibilidad de que se publicitaran eventuales denuncias o que
se dieran a conocer noticias acerca de lo que estaba ocurriendo, fue
vivido por el régimen como un peligro mayúsculo para la política de
desaparición forzada que estaba en marcha. Había que hacer algo más que
aplicar las insoslayables medidas de «control» sobre las voces
opositoras o simplemente interesadas en transmi ir con aproximación
objetiva los sucesos de la realidad. Había que hacer sentir a quienes
trabajaban en el medio de prensa todo el peso del aparato terrorista,
para desalentar de antemano el menor intento de crítica al gobierno,
impedir así sea el menor indicio que confirmara públicamente la
espantosa suerte reservada a las miles de víctimas de los cotidianos
secuestros.
A pesar de ser uno de los problemas más graves que afectó al país, o
quizás por ello mismo, se mantuvo desinformada a la opinión pública
sobre lo que estaba sucediendo.
Así fue como los medios de comunicación social en general se
abstuvieron de difundir el arresto de personas consideradas por las
autoridades como elementos subversivos. Todo el país sabía que se
practicaban detenciones, pero le estaba vedado conocer cuántos eran,
quiénes eran y dónde eran llevados. En los primeros años los periódicos
de mayor circulación hasta consideraron prudente evitar la públicación
de «solicitadas» con las listas de las personas buscadas por sus
familiares.
Es sintomático en este sentido, el «Memorandum Interno N° 44», del
diario cordobés «La Voz del Interior», fechado el 22/4/1976 y dirigido
a la Secretaría de Redacción del matutino, que reza así: «Cordoba,
22/4/1976. Por disposición de ests Dirección, y con motivo de las
directivas del Comando del III Cuerpo de Ejército en el día de la
fecha, no se deberan públicar reclamos de familiares de presuntos
detenidos que deseen conocer su paradero».
La consecuencia fue que amplios sectores de la población creyeron
ingenuamente en la inexistencia del problema o al enterarse de los
casos concretos, incurrieron en incredulidad o, a lo sumo, le restaron
importancia.
Paralelamente, en el lapso circunscripto a los primeros meses de
gobierno de facto, cuando éste instrumentó el basamento funcional para
el cumplimiento de sus fines y objetivos, se produce la más alta
proporción de secuestros de periodistas. Ciertamente, en el curso del
año 1976 fueron privados irregularmente de su libertad, situación que
se mantiene al presente sin reaparición de sus cuerpos, 45
profesionales de prensa. En los ocho meses siguientes, desaparecieron
30 más, estimándose que el guarismo total de «desaparecidos» de este
gremio asciende a un centenar, tal como surge del listado anexo.
Cabe agregar, para diseñar más propiamente el cuadro, que más de cien
periodistas fueron encarcelados sin proceso judicial alguno a partir
del 241311976. Cifra por demás ilustrativa, a la cual deben añadirse el
gran número que debió abandonar el territorio nacional, dado el grave
peligro que corrían sus mismas vidas.
Esta Comisión ha elaborado su información con incuestionable acopio de
elementos acreditantes de lo que ha sido casi una constante: la
participación de fuerzas públicas en los secuestros, la destrucción, el
saqueo y hasta la extorsión de los familiares de las víctimas.
Simplemente a título ejemplificativo, daremos seguidamente referencias sintéticas de algunos de los casos denunciados: