Capítulo I
La acción represiva

K. La coordinación represiva en Latinoamérica (Continuación)

 

Conclusión sobre el eslabonamiento
internacional represivo 

Resulta forzoso mencionar el resonante caso del delincuente norteamericano Michael Townley, quien declaró pormenorizadamente la autoría de crímenes contra personalidades de Chile y de Bolivia, ante los tribunales de Estados Unidos.

En efecto, confesó su intervención protagónica en el atentado que se consumó en la ciudad de Washington -EE.UU.- contra el ex canciller chileno Dr. Orlando Letelier y su secretaria, por mandamiento de la famosa «D.I.N.A.», policía política trasandina, a causa de lo cual la Justicia norteamericana solicitó la extradición de los más altos Jefes de este servicio chileno para ser procesados en los EE.UU.

Además de ello, como surge de las informaciones periodísticas, también se confesó autor de los asesinatos, en territorio argentino, del General chileno Carlos Prats, Comandante en Jefe del Ejército, y su esposa, y asimismo del General boliviano Juan José Torres (« Presidente de la Nación en su país), igualmente en la ciudad de Buenos Aires. Con motivo de estas declaraciones, el Poder Judicial argentino solicitó la extradición de Townley para procesarlo aquí.

En virtud de todas estas conexiones manifiestas, en su momento esta Comisión ha incluido, en su denuncia radicada ante el Juzgado Penal N° 1 de la ciudad de La Plata, en razón de los campos clandestinos destinados al tormento, interrogatorio, alojamiento y traslado de detenidos políticos, ubicados en la Provincia de Buenos Aires, la siguiente formulación:

«Finalmente, se debe destacar por su importancia institucional, la aseveración de distintos testigos acerca de un hecho extremadamente grave: la presencia de funcionarios uruguayos ejerciendo la represión ilegal en territorio argentino. Para describir esto, corresponde indicar ante todo que ha sido vista en cautiverio en el "Pozo de Quilmes" una cantidat de personas de ambos sexos de nacionalidad uruguaya.

A partir de lo cual adquieren un alto grado de cretibilidad los dichos de lllarzen en el sentido de que uno de los detenidos, de apellido Sobrino, le explicó que quien en Quilmes aparecería como oficial uruguayo represor de mayor rango, de nombre Ariel Pretel -o Prete- había sido funcionario en un establecimiento Penal de la ciudad de Montevideo , donde Sobrino había estado internado como presidiario, por lo cual lo reconocía personalmente».

Estas evidencias deben merecer de la autoridad constitucional argentina el mayor celo revisor, con el afán impostergable de garantizar el ejercicio pleno de la soberanía de la Nación en el control exhaustivo sobre las eventuales vinculaciones ilegítimas de personal de nuestro país con funcionarios extranjeros.