I. Secuestros

Informe Conadep Córdoba - 2° Edición, Septiembre de 1999

 

El secuestro como método de detención

Se cuentan por miles las personas que, en nuestra provincia, fueron privadas de la libertad y sometidas a cautiverio en condiciones de virtual secuestro. Algunas recuperaron su libertad luego de días o meses; otras fueron «legalizadas» como detenidas y puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y, en muy pocos casos, a disposición de la Justicia Federal o Tribunales Militares. Las restantes, son aquellas que revisten la condición de detenidos-desaparecidos o que fueron muertas, sea mediante asesinato en la misma cárcel, en «presuntos intentos de fuga» o supuestos «enfrentamientos». 

El secuestro de personas, como método de detención, surge en nuestra provincia un año antes del 24 de marzo de 1976; se desarrolla en forma progresiva y sistemática, a partir del pronunciamiento militar. En efecto, los meses de diciembre de 1975, enero y febrero de 1976, concentran la mayoría de las 52 denuncias de secuestro correspondientes al período anterior a la instauración del gobierno militar. Dichas denuncias, unidas a otros testimonios y elementos documentales reunidos por esta Delegación, proporcionan indicios ciertos de que dichos actos fueron ejecutados con idéntica metodología a la instaurada como política represiva a partir del llamado Proceso de Reorganización Nacional. A continuación mencionaremos algunos casos particulares que se refieren a procedimientos que tuvieron distintas modalidades. Unos se cumplieron en establecimientos militares, otros en lugares de trabajo de las víctimas, en sus domicilios, en la vía pública. 



1) Secuestros en establecimientos militares


Dr.Eduardo Jorge Valverde -V.19(*) 

Abogado, ex Secretario Técnico de la Gobernación (Secretaría de Planeamiento), ante una citación que le hiciera en su domicilio particular una patrulla de la Fuerza Aérea, se presentó en la Guardia que se encontraba en la parte posterior del Hospital Aeronaútico Córdoba, el 24 de marzo de 1976 en horas de la tarde. 

Concurrió acompañado de dos colegas, los doctores Furque y González Ceballos. Allí quedó detenido. El ex Ministro de Gobierno, Erio Bonetto, concurrió poco después y se le confirmó la detención. 

Al día siguiente, a su esposa se le dijo que había sido trasladado a La Ribera. Concurrió a dicha prisión militar y le negaron que lo tuvieran. Su peregrinaje por los distintos organismos militares y de gobierno, nunca arrojó una respuesta sobre la detención de su esposo. Tanto la Guarnición Aérea Córdoba como el III Cuerpo de Ejército, negaron que lo hayan detenido, pese a la irrefutable constancia de que así sucedió. Sin embargo, ante esta Delegación de la CONADEP, el señor E.G.F. -F.3-(*), quien fuera secuestrado y recluido en La Perla, declaró haber sido testigo presencial del interrogatorio y torturas a las que fuera sometido Valverde.



Adrián Renato Machado -M.60 (*) 

Obrero de Grandes Motores Diesel (FIAT) y ex Secretario Gremial del Sindicato de Mecánicos (SMATA), cuando transitaba con su esposa y dos hijos por Av. Fuerza Aérea, fue detenido por una patrulla y alojado en la Guarnición Aérea Córdoba. Al día siguiente, se le hizo entrega a su esposa del vehículo y le manifestaron que había sido trasladado a Campo de La Ribera. A partir de entonces, se negó sistemáticamente que se encontrara alojado en algún organismo oficial. El secuestro de Machado en la Guarnición Aérea se produjo el 24 de marzo de 1976. En declaración ante esta Delegación, el señor J.A.D. -D2 (*), detenido el 2 de abril de 1976 a la madrugada en su domicilio, declaró: 

«Creo que íbamos camino a La Calera y entramos a la izquierda (...) pararon dos veces, más o menos, nos bajan, atravesamos una especie de galería y llegamos a una pieza grande, tipo cuadra, donde advierto que hay muchas personas (...) En ese lugar una persona me dice con reiteración «Soy Machadito, estoy hecho bolsa (...)» 



Jorge Dante Bustos Toloza -B.15 (*) 

Fue secuestrado el 10 de diciembre de 1976 a las 19:00 horas aproximadamente, en el Batallón de Comunicaciones 141 de Córdoba, cuando concurrió a retirar su libreta de enrolamiento y entregar su equipo militar, en razón de que se le iba a conceder la baja. El automóvil en que se había conducido hasta la unidad militar, quedó en las cocheras del cuartel. Según testigos, el joven Bustos habría sido detenido por dos oficiales del Servicio de Inteligencia, cuando se dirigía al casino de Oficiales. En el momento del secuestro, el Jefe del Batallón era el teniente coronel C. Anadón, quién tiempo después ascendió a coronel y ocupó la Jefatura del Destacamento de Inteligencia 141. 



Juan Antonio Canizzo. -C.18 (*) 

Otro caso de secuestro en dependencias militares. Según denuncia efectuada ante esta Delegación por su hermano, se expresa textualmente: 
«Estando en comisión en Tucumán en el Regimiento RI-14 de la VI Brigada Aerotransportada, desde febrero de 1976 hasta que en los últimos días de marzo o primeros días de abril de ese año, es detenido y llevado hasta Famaillá, donde durante 24 horas lo someten a torturas con picana eléctrica. Después lo trasladan a Córdoba en avión, alojándolo en El Campo La Ribera. Desde allí lo llevan al campo La Perla, repitiéndose las torturas durante 8 días; otra vez al Campo La Ribera y allí hasta noviembre que es la última vez que tenemos noticias suyas. Todo lo que sabemos es por testimonio de...entre otros.» 

Ante la desaparición del joven Canizzo se interpone el correspondiente hábeas corpus en expediente 26-C-76 y en los considerandos de la resolución recaída, el juez federal expresa: 

«...Que según informe del señor Comandante de la Brigada Aerotransportada IV a las fojas 12, Juan Antonio Canizzo se encuentra detenido y a disposición del Area 311, con intervención del Juez de Instrucción Militar Nº 70» 

Esta Delegación debe informar a la ciudadanía de Córdoba, que, con fecha 10 de agosto de 1978 y en nota firmada por el general Juan Bautísta Sasiaiñ, se responde al requerimiento del Tribunal Federal manifestando que Juan Antonio Canizzo se encuentra a disposición de esa Jefatura de Area, con intervención del Juez de Instrucción Militar Nº 70. 

Setenta días después y ante otro requerimiento judicial, el general Arturo Gumersindo Centeno contesta: 
«...Al respecto pongo en su conocimiento que el nombrado precedentemente no se encuentra detenido ni alojado en ninguna unidad carcelaria dependiente...» 

Irónicamente la familia Canizzo había recibido con fecha abril de 1975 una conceptuosa correspondencia que en papel membretado, «Ejercito Argentino -RI Aerot 14» en alguno de sus párrafos expresa textualmente: 

«Regimiento de Infantería Aerotransportada 14, es una de las unidades más prestigiosas del Ejército Argentino, cumpliendo el 31 de enero 73 años de vida honrosa al servicio de la Nación, custodiando su soberanía, instituciones, vida y bienes de sus ciudadanos. Esta circunstancia resulta propicia para asegurarles para su tranquilidad de que su hijo durante el presente año militar recibirá un trato digno y justo que culminará con la sensación y orgullo del deber cumplido acabadamente con la Patria. Así mismo, esta Jefatura está dispuesta a recibir a Vd. en toda oportunidad que estime necesario, permaneciendo este cuartel con las puertas abiertas para quienes contribuyen con sus hijos al proceso y seguridad de la Nación.» Firma: Mario Jaime Sánchez, Tte. Cnel. Jefe RI Aerot. 14...» 





2) Secuestros en lugares de trabajo



Raúl Ángel Ferreyra. -F. 15 (*) 

Actual secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) fue víctima de dos secuestros. El primero de ellos sucedió el 22 de abril de 1976, en el local sindical de la calle Corro 279, en presencia del testigo Pedro Sosa y lo lleva a cabo personal policial de la Provincia, que lo conduce al Departamento Informaciones en un automóvil blanco marca Ramblert sin patente. Permanece seis días con sus noches permanentemente esposado y vendado. El segundo secuestro se produce en la madrugada del 8 de agosto del mismo año, pero esta vez en su vivienda ubicada en Av. Kelvin 5475 de barrio Ituzaingó y por una comisión militar al mando de un oficial del Ejército, la que se conducía en vehículos militares. Luego de su detención, se dirigen al barrio del Sindicato de Empleados Públicos, donde proceden a secuestrar a otros dirigentes y empleados del sindicato: Miguel Narváez, Tomás Ortellado, Mario Marchese, José Antonio Aizpurúa, F. Prevotel, Toledo y Bustos, los que son conducidos al Campo de La Ribera, donde el señor Ferreyra permanece en la condición de secuestrado durante dos semanas, con los ojos vendados y esposado, sin que se lo sometiese a autoridad judicial alguna. Es liberado, dejándolo en la calle, en los alrededores de la Maternidad Provincial. 



Tomás Carmen Di Toffino. -D.28 (*) 

Dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, secuestrado a la salida de su trabajo en la Empresa Provincial de Energía (EPEC), a plena luz, el 30 de noviembre de 1976, a las 13:30 horas, en la calle Sucre entre Tablada y Humberto Primero. Lo arrastró por la fuerza un grupo de civiles, que invocó pertenecer a la Policía Federal, ante la vista impotente de los compañeros de trabajo y numerosos transeúntes. 

Todos los requerimientos, todas las gestiones y averiguaciones dieron resultado negativo. Ante cada hábeas corpus la respuesta fue la misma: Di Toffino no estaba detenido en ninguna dependencia oficial. Empero, hoy, repetidos y coincidentes testimonios revelan su destino: estuvo varios meses secuestrado en la dependencia militar del campo de La Perla, soportó el mas terrible período de tortura y finalmente fue «trasladado» en condiciones que los testimonios narran como invariablemente asociadas a la ejecución e inhumación clandestina. 

Otros dirigentes sindicales, que al igual que Ferreyra y Di Toffino, ostentaban una pública trayectoria gremial, fueron secuestrados en ocasión de su actividad laboral en el transcurso de 1976. 



Hernán Andrés Vives. V.7 (*) 

Fue «detenido» el 4 de junio de 1976 a las 8:30 por un grupo que se indentificó como perteneciente al Ejército Argentino en las dependencias de la Empresa Provincial de Energía ( EPEC), en la calle San José de Calasanz Nº550, donde trabajaba. Para cumplir su cometido el grupo represor se identificó previamente ante la autoridades de la repartición y sus miembros se instalaron al acecho hasta que la víctima llegó a percibir sus haberes. Junto a Vives fueron detenidas en el mismo lugar dos personas, que posteriormente fueron liberadas por las autoridades militares. En cambio, Vives permanece hasta la fecha como detenido-desaparecido. 



Néstor Gilberto Lellín 

Corrió igual suerte. Delegado metalúrgico detenido el 6 de septiembre de 1976 a las 11:00 horas, en el interior de la Planta Metalúrgica de autos de la Empresa FIAT CONCORD S.A.C.I. 

Un grupo de personas, que invocó su condición de miembros de las fuerzas de seguridad, logró que se franqueara el acceso a la planta y arrancó a Lellín de su puesto de trabajo. 

Al día siguiente, el mismo grupo retiró el automóvil propiedad del padre de Lellín, que el operario había dejado en la playa de la empresa. 

Formulada la denuncia ante el Juzgado de Instrucción de 5 Nominación de esta ciudad y practicadas las primeras medidas de investigación, la IV Brigada de Infantería Aerotransportada informó al tribunal que el día del hecho el Area de Ferreyra, donde se encuentra la fabrica FIAT, estaba bajo «control operativo» del comando militar. Con ese pretexto, el magistrado actuante declaró su incompetencia y remitió las actuaciones a la Justicia Militar. Un año después el padre de Lellín, obtuvo del mismo juez militar - el te niente coronel Timoteo Gordillo -, la restitución del vehículo secuestrado. Replanteada la denuncia ante el Juzgado Federal Nº 1 de esta ciudad, el tribunal requirió al Juzgado Militar los antecedentes del caso. Increíblemente, la dependencia castrense respondió que no existían actuaciones labradas sobre Néstor Lellín. Sin embargo, obra en poder de la Justicia el recibo firmado por el suboficial que retiró el expediente del Juzgado de Instrucción Provincial, y ese mismo suboficial ya ha reconocido su firma en la investigación que prosigue la Justicia Federal. 



Horacio Norberto Poggio - P.47 (*) 

Empleado administrativo del Sindicato de Prensa de Córdoba. El 23 de julio de 1976 es secuestrado a las 17:00 horas, aproximadamente. Ese día irrumpe en el local de la entidad gremial un numeroso grupo de hombres armados, vestidos de civil que había llegado en varios vehículos, uno de los cuales era una camioneta de color oscuro. Amenazaron con armas de fuego a varias personas que se encontraban en el lugar, entre ellas dos afiliados, la encargada de la proveeduría y una empleada, llevándose a Poggio esposado. Dos integrantes del grupo subieron al primer piso, donde le manifestaron al teniente coronel González, desde hacía un mes interventor del Sindicato por resolución del ministerio de Trabajo de la Nación, que se quedara tranquilo, pues «la cosa no es con Usted». 

Finalmente se retiraron, llevándose al citado empleado a quién arrojaron sobre el piso de la caja de la camioneta que estaba cubierta con una lona verde. Las gestiones que ha instancias de los afilia dos realizó el interventor González dieron resultado negativo y solamente pudo informar que la detención la realizó «personal de seguridad» 



Nelson González. G.28 (*) 

Empleado de la legislatura de Córdoba, también fue aprendido en su lugar de trabajo. El hecho se produjo el día 26 de abril de 1976. 



Carlos Alberto Escobar. E.4 (*) 

El 12 de abril de 1976, al concurrir a la Dirección de Educación Complementaria de Córdoba para percibir su sueldo es detenido al retirarse por un grupo de cuatro o cinco personas, quienes lo encapuchan y lo introducen en un vehículo marcar Renault 4S amarillo. Un testigo presencial del hecho escuchó una charla telefónica que realizó la directora de la repartición no bien aquel se apersonó, con la persona quién llamó «Capitán». El joven Escobar, hijo de un Coronel retirado, fue posteriormente visto en el centro clandestino La Perla por el testigo R.F.D.S. -D.23 (*), a quién se lo muestran desnudo, el cuerpo con múltiples llagas «desde la boca, que sangraba, hasta los pies correspondientes a quemaduras múltiples del tipo A.B., superficiales y profundas (flictemas o ampollas de 3 a 5 mmm, la mayoría rotas y en llagas), lo que en realidad daba al cuerpo el aspecto impresionante de una llaga que lo cubría de la cabeza a los piés; que ante esta persona, el Capitán Vergez manifiesta: «mirá cómo quedó ése (...) y ahora se va al pozo, porque el viejo es un militar gordo que ya nos está complicando (...)» 



Fernando Enrique Risso. R23 (*) 

Estuvo en la madrugada del 24 de marzo de 1976 junto a su padre, entonces ministro de Gobierno de la Provincia, en la Casa de Gobierno. Allí fue detenido cuando los efectivos militares llegaron a hacerse cargo del poder; diversos testigos lo vieron posteriormente en la prisión militar Campo La Ribera. Empero, todas las respuestas a pedidos, gestiones y hábeas corpus, fueron negativas y hasta hoy se carece de noticias sobre su destino ulterior. 






3) Secuestros en domicilios



Renée Rufino Salamanca. -S.24 (*) 

Entonces secretario general del Sindicato de Mecánicos (SMATA), fue secuestrado el día del golpe de estado por personas que irrumpieron en su domicilio de barrio Sarmiento, sin que hasta la fecha se haya podido precisar su paradero. El 19 de abril de 1976, en la sede de la IV brigada de Infantería, se informó a su esposa, Olga Cortés de Salamanca, que el dirigente mecánico estaba detenido; pero a partir de entonces esta condición fue sistemáticamente negada. Incluso llegó detenerse a la señora de Salamanca, alojándola por dos días en la prisión militar de Campo de La Ribera.



Oscar Ventura Liwacki -L.10 (*) 

Secretario general del Gremio de Empleados de Comercio, fue secuestrado el 12 de mayo de 1976 a las 2.45 horas de su domicilio en la ciudad de San Francisco (provincia de Córdoba) 



Eduardo José Bicocca -B.28 (*) 

Secuestrado de su domicilio en la localidad de Unquillo (provincia de Córdoba) en la madrugada del 26 de mayo de 1976. Trabajaba en el Frigorífico Mediterráneos. 



Esther Silvia del Rosario Felipe de Mónaco 

Licenciada en psicología, fue secuestrada del domicilio de sus padres en la Ciudad de Villa María el 11 de enero de 1978 a las 1.30 dejando una hijita de 25 días. Esa noche secuestran a su esposo, Luis Mónaco en otro procedimiento en la misma ciudad. 






4) Secuestros en la vía pública



Eduardo Raúl Requena -R.21 (*) 

Otro dirigente gremial, representante de la entidad sindical C.T.E.R.A., fue secuestrado el 26 de julio de 1976, en un bar ubicado en Avenida Colón al 1100 de esta ciudad. Siendo las 18 o 18:30 horas, cuatro personas que se encontraban en ese establecimiento procedieron a amenazarlo con armas y lo ataron a la silla en donde se hallaba sentado. Posteriormente, lo introdujeron a una camioneta Dodge. El secuestro fue presenciado por varias personas que se hallaban en el lugar. 


Entre ellas, esta Comisión receptó los siguientes testimonios: J.L.R. dijo que: 

«el día 26 de julio, siendo aproximadamente las 18, cuando circulaba por la avenida Colón, al llegar al bar Miracles, que se encontraba en el 1112, observó que en su interior individuos de civil maniataban a una persona, a la que reconoció por tratarse de un amigo. Se trataba de Requena. Ante los acontecimientos de que era testigo y la inseguridad que significaba su presencia, decidió continuar en forma normal. En esos instantes vio llegar dos automóviles, una pickup Dodge y un Renault 12.» 


El propietario del bar, a su vez, manifestó que: 

«...el día 26 de julio fue testigo del secuestro de Eduardo Requena, en el establecimiento de su propiedad. El día mencionado a las 18.00 horas se encontraba en el bar el señor Requena. Antes que éste llegara, se encontraban en dos mesas, cuatro personas, dos en cada una, y al ingresar la víctima y sentarse, pasados algunos minutos se acercaron dos de los que se hallan en una mesa cercana y luego de amenazarlo, proceden a maniatarlo. Sorprendido por ésta insólita situación, el testigo les preguntó «qué hacían» a lo que los individuos le contestaron que se trataba de «un procedimiento». En esos momentos ingresaba al bar otra persona, cuyo nombre desconoce el testimoniante, y al observar lo que sucedía, trata de regresar a la calle; los otros dos sujetos que se encontraban en la mesa restante, se levantaron rápidamente saliendo a la vereda y apresando a la persona e introduciéndola en el bar. El desarrollo de los hechos posteriores fue muy rápido. Llegaron dos vehículos, una pickup Dodge y un Renault 12, y se llevaron a Requena y a otra persona.» 

La persona secuestrada junto a Requena, no es otra que Julio Roberto Yornet -Y.1-(*), estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba, de 31 años de edad. 


Uno de los testimonios sobre la Perla, el que presta a esta Delegación de la CONADEP, P.A. -A.16 -(*) en relación al señor Requena dijo que: 

«en el mes de Julio de 1976, sin poder precisar la fecha con exactitud, vio ubicado frente suyo, medio en diagonal, en una de las colchonetas de la cuadra, al mencionado Eduardo Requena a quién conocía de nombre por ser dirigente de C.E.T.E.R.A.. Al preguntar por haber escuchado su nombre a los otros prisioneros, éstos le confirmaron que se trataba de dicho dirigente. Que cree que permaneció alrededor de una semana, frente suyo. No viéndolo con posterioridad nunca más...» 

Como se puede comprobar a esta altura del relato, las detenciones se realizaban en las más diversas circunstancias, por personal militar uniformado o sujetos vestidos de civil; en los lugares de trabajo de las víctimas, en sus domicilios particulares o en lugares públicos; hubo testigos insospechables que presenciaron procedimientos. 

Los detenidos eran empleados, dirigentes sindicales o como el caso del doctor Valverde, un profesional con una trayectoria política públicamente conocida; pero en todos los casos, como invariablemente ocurrió con los otros miles, esas detenciones se transformaron en secuestros, en privaciones de la libertad absolutamente ilegales; unos, como ya se había dicho, temporariamente -semanas, meses-; el resto, los Di Toffino, Lellín, Escobar, Requena, Poggio, Vives, Valverde, González, Salamanca..., constituyen la aun indeterminada lista de ciudadanos que fueron desaparecidos, casi seguramente asesinados por sus captores. 

¿Quién ordenó sus detenciones? ¿Cuáles fueron la causas y a disposición de qué autoridad fueron sometidos? ¿Quién o quiénes dispusieron que algunos recobraran su libertad, o fueran legalizados como detenidos, sea a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o procesados por la Justicia o sometidos a Tribunales Militares? ¿Quiénes ordenaron la muerte, el ocultamiento de la identidad de la víctimas, la desaparición de aquellos secuestrados que jamás aparecieron? Por último, ¿Cuál fue el destino real de los detenidos-desaparecidos? 
Tales son los interrogantes que se plantearon a los miembros de esta Delegación de la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas, y sus esforzados colaboradores, a medida que receptaban las primeras denuncias y los testimonios concretos sobre estos procedimientos. 






5) Impunidad en los secuestros


Otros secuestros que seguidamente se mencionan, servirán para evidenciar más claramente el grado de impunidad que ostentaban los ejecutores: y lo que quizás constituya la muestra más patética de la desprotección de la ciudadanía ante el ilimitado ejercicio del terrorismo de estado: el silencio.



Raúl Horacio Trigo -T.9- (*) 

Fue detenido en su domicilio particular el 23 de junio de 1976. El operativo se inició en horas de la madrugada y comprendió a todo el edificio de departamentos sito en calle Potosí (O) 47, ubicado sólo a 50 metros de la Seccional Octava de Policía; intervinieron personal policial y militar uniformado y un grupo de elementos vestidos de civil. Con un impresionante despliegue de armamentos y disparando sus armas continuamente, procedieron a irrumpir en cada uno de los departamentos, siendo obligados los moradores a colocarse contra la pared, manos en alto y continuamente amenazados. Luego de permanecer unas tres horas y de robar diversos objetos de valor, preferentemente alhajas, radios transistores, relojes, etc, se llevan al joven estudiante de arquitectura Raúl Trigo. La denunciante Raquel Mirtha Sosa de Trigo, a la que habían dejado en su departamento del quinto piso, manifestó que una vez retirados los vándalos en vehículos del Ejercito y particulares, «Los vecinos le comentaron que junto con su esposo llevaron a un matrimonio joven del primer piso (...) que a la vecina del sexto piso la habían sacado muerta envuelta en una colcha, que la habrían matado en el dormitorio. Que al concurrir inmediatamente a la Seccional Octava de Policía (...) (ubicada a cincuenta metros) no le fue recibida la denuncia, al igual que en la Jefatura de Policía de esta capital, ya que adujeron que habían intervenido militares...»



Dr. Rogelio Aníbal Lesgart -L.23 (*) 

De profesión médico, secuestrado de su domicilio sito en avenida 24 de septiembre 877 de la ciudad de Córdoba, el día 25 de abril de ese trágico año de 1976. Su padre y su hermana, María Amelia, salieron rápidamente para requerir auxilio en la Seccional Sexta de Policía que se encuentra ubicada en la citada avenida a la altura del 1455. En esa circunstancias llegó a la seccional el grupo secuestrador, cuyo jefe se identificó como perteneciente al Ejercito e hizo que detuvieran a María Amelia Lesgart -24- (*), hermana de Rogelio Aníbal. Tres días después desaparece de ese local policial. El padre de las víctimas señor Rogelio Lesgart, al denunciar el hecho ante la CONADEP manifestó que: 

«En la Jefatura de Policía y en la Seccional Sexta no le aceptaron la denuncia manifestando que era un procedimiento del Ejercito y que ellos no podían aceptar denuncias contra la Fuerzas Armadas...» 

Uno de los testigos de la Perla R.F.D.S., al presentar declaración frente a esta Comisión y que luego fue ratificada en sede judicial, se refirió al hecho en los siguientes términos: 

«...Que el dicente es testigo presencial del secuestro del doctor Rogelio Lesgart el día 24/4/76 y de la persecución de María Amelia Lesgart, hermana del anterior y de su padre, quienes ante el secuestro de su hermano se suben a un automóvil Ramblert, color gris metalizado, dirigiéndose a toda marcha a la Seccional Sexta que distaba a pocas cuadras del domicilio de la familia Lesgart. Allí Vergez hace dejar detenida a María Amelia Lesgart, trasladándola posteriormente a la Perla...» 

En el expediente judicial, R.F.D.S. expresa que: 

«...Cuando se produce el secuestro de Rogelio y María Amelia Lesgart (...) el capitán Vergez se queda sin gente y lo hace tirar al dicente al piso del auto, acompañado en ese momento por Ricardo Lardone y va a buscar refuerzos a la zona próxima al 141, donde residía personal del Destacamento. Allí se incorpora el mayor Diedrich y el teniente coronel Oscar Hermes Rodríguez. Producido el secuestro de Héctor Araujo y Liliana Marchetti de Araujo, -M.23 y A.19 (*) los hermanos Lesgart son trasladados a la Perla. 



Alfredo Horacio López Ayllón -L.18 (*) 

La misma modalidad se registró en la denuncia de su detención ocurrida el 12 de noviembre de 1977, en la casa de campo de sus padres, en Solares de la Ensenada, Ciudad de Villa Carlos Paz. El doctor Jorge Arnaldo López, de profesión médico, padre de la víctima relató que ése día: 
«...A las 22.00 horas, cuatro automóviles llegaron hasta la casa en donde mi hijo se encontraba solo, a la espera de nuestra llegada. Descendiendo de ellos personas fuertemente armadas que vestían de civil y en el jardín a la vista de los vecinos, redujeron a mi hijo que es de débil contextura física, razón por la cual unos días antes había sido exceptuado de prestar el servicio militar obligatorio, teniendo 18 años recién cumplidos (...) A los gritos del mismo, los vecinos dieron aviso a la Policía de la Villa Carlos Paz. De esa comisaría llegó un patrulle ro cuando aún quedaba uno de los coches con cinco personas armadas, pues los otros habían partido llevándose a mi hijo. Al proceder la Policía, los secuestradores a viva voz gritaron «no tiren, somos del Ejército». No obstante los policías les hicieron arrojar sus armas al suelo y salir uno a uno con las manos en la nuca. Ante la insistencia de que eran del Ejército, los identificaron mediante sus credenciales que éstos portaban y una vez constatado de que se trataba efectivamente de Fuerzas de Seguridad del Estado, los dejaron en libertad. Esa misma noche continúan el procedimiento en mi casa de Córdoba y en la de una hermana de mi señora. Cabe destacar que en los domicilios abrieron las puertas sin violentarlas y al tiempo que tocaban el timbre, de lo que se desprende claramente que lo hacían con las llaves que le habían quitado a mi hijo en Carlos Paz. Estas personas fuertemente armadas manifestaron pertenecer a las Fuerzas de Seguridad del Estado, procediendo a requisar ambas casas, buscando, según ellos, literatura marxista, siendo su resultado negativo. Al retirarse sus palabras fueron: «y cuiden a esos dos que les quedan, no vaya a ser que les pase lo mismo», refiriéndose a nuestros dos hijos que se encontraban con nosotros, con lo que tácitamente, estaban admitiendo la detención de los otros dos...» (L mención «otros dos», se refiere a Alfredo Horacio y Jorge Gustavo Ayllón, éste último secuestrado con anterioridad el día 15/5/77. 


El declarante continúa diciendo: 

«...Posteriormente concurrimos a la comisaría de Carlos Paz, donde el entonces Comisario Principal Navarro Oro confirmó el procedimiento corroborando todo lo manifestado por los vecinos y agregando, palabras textuales, «...Sí, nosotros entorpecimos el procedimiento porque ahora lo sabe todo el barrio...» Que las palabras del Comisario Navarro Oro fueron ratificadas ante el teniente coronel González Navarro habiéndose identificado a un tal «Gómez» como actuante del procedimiento.» 

Esta actitud policial de negarse a recibir denuncias de los familiares o de vecinos que presenciaron secuestros, se continuaba en los Tribunales cuando, ante la presentación de los hábeas corpus en favor de los secuestrados, la respuesta de los organismos militares y de seguridad -que demoraba un mes o más- era que tales ciudadanos no se encontraban detenidos, es decir, ingresaban de una manera «oficial» a la situación de desaparecidos; no se hacía lugar a la acción de amparo, ante lo informado por la autoridades militares y policiales, sin que el Ministerio Público promoviera la acción penal tendiente a investigar estos gravísimos hechos en que estaba en juego la libertad y la vida de las personas. El cerco de silencio se completaba con la prohibición a los medios de difusión de receptar y de dar a conocer las denuncias sobre los procedimientos, que impartió la Jefatura del Comando del III Cuerpo de Ejército y que fuera pasivamente acatada por dichos medios. En tal sentido, resulta ilustrativo el «memorándum» interno de un diario de esta ciudad en el que se prohibe al personal periodístico lo antes referido, en los siguientes términos: «Por disposición de esta dirección y con motivo de la directivas del III Cuerpo de Ejército, en el día de la fecha no se deberá publicar: 1) Reclamo de familiares o personas vinculadas a presuntos detenidos que deseen conocer su paradero. 2) Informaciones directas o indirectamente vinculadas a la delincuencia subversiva de la que se carezca información oficial.» El «memorándum» lleva fecha de abril de 1976. He aquí patéticamente configurado el cuadro de situación. La desolación y la impotencia más absoluta de los padres, hermanos, amigos y compañeros de los detenidos-desaparecidos; la impunidad de los responsables y ejecutores: la indefensión total de las víctimas. También el porqué del desconocimiento de la población en general sobre la magnitud de la desaparición forzada de personas. 

No podemos dejar de recordar la impúdica declaración del máximo responsable del accionar represivo en nuestra provincia en los años 1976/79, general Luciano Bengamín Menéndez, cuando dijo: 

«...creo que aquel que se siente que ha sido objeto de alguna arbitrariedad debe presentarse a la Justicia. Además había que preguntarse porqué no lo hizo en el momento oportuno...» (Tiempo de Córdoba, 19.1.83 5) 

Hasta la misma periodista que le hacía el reportaje tuvo que contestarle: 
«...Tengo la impresión que en aquellos tiempos era, por lo menos difícil...» 

La periodista se acercaba a la realidad en su apreciación, pero aquella era más que difícil. 






6) Riesgo de los familiares



Don Arturo Ruffa -R.17 (*) 

Hombre muy vinculado al deporte del básquet, al efectuar su denuncia testimonio frente a esta Delegación y, además de promover la pertinente querella criminal por el secuestro de su hijo Ricardo Armando Ruffa -R 31 - (*) 

«...siendo aproximadamente las dos horas, irrumpieron en mi domicilio un grupo de quince personas armadas, que aunque vestidas de civil, invocaron pertenece a las Fuerzas de Seguridad, hecho éste corroborado por la presencia en las esquinas (Pampa y Pasaje Santa Catalina y Santa Cruz y el mismo Pasaje), de camiones del Ejército que interrumpieron el tráfico. Todos los miembros de la familia (...) fuimos sometidos a torturas psíquicas y físicas (amenazas de muerte) durante las dos horas que duró el procedimiento. A las cuatro de la mañana, mientras nos volvían a golpear y amenazar, nos pusieron con las manos levantadas, los ojos vendado y de cara a la pared, ordenando que debíamos permanecer así hasta las ocho horas. Advertidos que se habían retirado nos sacamos el vendaje y luego de encender la luz, nos dirigimos al dormitorio donde habían encerrado a mi esposa e hija -que se encontraba embarazada-, encontrándonos con la terrible certidumbre que se habían llevado a nuestro hijo Ricardo Armando. Desde la mañana de ése día, todos los miembros de la familia comenzamos a deambular en su búsqueda, recorriendo desde la jefatura de Policía de la provincia hasta las seccionales más cercanas. Concurrimos al III Cuerpo de Ejército y al Misterio de Gobierno de la Provincia. Presenté un hábeas corpus ante el Juzgado de Instrucción de turno con resultado negativo. El mismo destino tuvieron sucesivos recursos similares presentados posteriormente ante la Justicia Federal. En numerosas oportunidades acudí al Ministerio del Interior, presentando notas en las que requería información sobre el destino de mi hijo.» 


Continúa el declarante diciendo:

«La respuesta a tantas diligencias, se produjo el día 20 de octubre de 1976, en que fui secuestrado junto a mi hijo mayor, Arturo MIguel, en mi domicilio y en un procedimiento idéntico al anterior, también en horas de la madrugada. Las primeras 48 horas fueron terribles: nos sometieron a todo tipo de tormentos en un lugar que no puedo identificar, porque permanecí encapuchado: luego fuimos trasladados a la dependencia militar denominada Campo de La Ribera. A los quince días de permanecer en dicho lugar, mi hijo Arturo Miguel fue trasladado a la Penitenciaría Provincial de Córdoba. En tanto yo, fui liberado dos semanas después. En ésa dependencia militar fuimos interrogados en varias oportunidades y el militar que se encargaba de ello me permitió quitarme el vendaje que cubría mis ojos. Igual procedimiento adoptó con otros padres de jóvenes desaparecidos, quienes se encontraban en la misma situación del dicente. Entre ellos puede recordar al señor Juan Borgogno ( hoy fallecido) al señor Pablo Chabrol y dos personas apellidadas Salas y Onetti. En uno de dichos interrogatorios, el oficial encargado de esa tarea -cuyo nombre ignoro- y que se hacía apodar «el Gordo Bueno», habiéndome asegurado que mi hijo Ricardo Armando se encontraba con vida, me entregó una carta manuscrita que reconocí como de su puño y letra, en la que me decía «no busques más que alguna vez nos volveremos a ver». Al intentar como era natural retener la carta, el oficial me obligó a restituírsela rompiéndola en mi presencia. Al recuperar mi libertad me enteré que mi esposa me había presentado un recurso de hábeas corpus en favor de mi hijo Arturo Miguel y mío ante la Justicia Federal, la que al requerir los informes pertinentes a los organismos militares y de seguridad, obtuvo como respuesta informes en el sentido que mi hijo se encontraba detenido en la Cárcel Penitenciaria a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, pero a mi respecto en todos los casos, negando mi detención y desconocer mi paradero» 

Era muy difícil en aquella época denunciar la desaparición; pero muchos familiares a pesar de todo y con los riesgos que ésta experiencia gráfica, lo hicieron sin encontrar otro eco que la negativa, las amenazas y las represalias. Asimismo, los hábeas corpus presentados ante la Justicia Federal y en los Tribunales Provinciales, demuestran de una manera indubitable, que la gran mayoría de los casos de detenciones-secuestros, fueron denunciados ante la autoridad que correspondía y en forma reiterada. 






7) Otros casos de secuestros


Se ha dicho que las modalidades que adquirieron los procedimientos fueron múltiples. 



A.J.D. -D.24-(*) 

De la ciudad de Cosquín, prestó una valiosa declaración sobre la detención masiva de ciudadanos practicada por elementos militares con inusitado despliegue bélico. Esto ocurrió en el hospital Colonia Santa María de Punilla, donde el declarante se desempeñaba en la sección pinturería del Servicio de Mantenimiento de ese Nosocomio. A.J.D. relata que: 

«... el día 26 de mayo de 1976 alrededor de las 9 mientras cumplís sus actividades normales en el hospital, le llaman por teléfono desde la Oficina de Personal y lo hacen dirigir a una habitación donde estaba también el doctor Sassatelli (médico Psiquiatra), la señora Marta de Ceballos (encargada del depósito), el señor Carlos Albornoz (enfermero) y el señor Carlos Alberto Carranza (secretario del Jefe de mantenimiento). Después de su llegada a la habitación, entran otros empleados entre ellos, Ramón Maidana ( Servicio de Agronomía), Santiago López (enfermero) y Carlos Alberto Brandalise (enfermero). Que ese mismo día 26 en horas de la mañana se habían presentado en el hospital personal del Ejército vestidos con uniformes de fajina color verde oliva, fuertemente armados y varios vehículos, entre ellos tres camionetas con tropas y dos colectivos, dispersándose por toda la zona. Que el personal militar había ingresado al hospital y había tomado posición en todas las secciones y servicios del mismo. Desde la habitación mencionada ya custodiados por personal del Ejército, los llevaban a todos los que estaban a un pabellón de pacientes alcohólicos, el C-1- Luego de referir que fueron trasladados a otro recinto en un ómnibus azul y que durante todo el operativo un avión militar sobrevoló constantemente la zona» Continua diciendo: «que ya estando en ése pabellón comienzan a traer a otras personas que no pertenecían al hospital, residentes en Cosquín o en Valle de Punilla, entre ellos, el doctor Reynaldo Wisner y el doctor Raúl Acosta ( ambos médicos de Cosquín y que habían sido detenidos y trasladados a la policía y de allí al Hospital) Gaspar y Tito Noguez (comerciante), Sergio Omar Poidori, un profesor de la Escuela Técnica ENET de apellido Luna, Nora Sendra, Keka Albornoz, Nemesio García y otras personas que no recuerda. Todo el personal del Hospital detenido fue llamado por una lista que tenían los militares donde figuraba como peligroso «activista»; el declarante hizo mención «que desempeñaba actividades gremiales sin tener ninguna filiación política. Siendo las 19 horas los llevan a otra habitación, donde les vendan y atan las manos, los hacen poner contra la pared. Que ya siendo de noche los sacan a todos, atados y vendados y los militares les ayudan a subir a un camión donde los sientan uno al lado de otro. Desde allí y previo a un viaje de casi dos horas, los llevan a un lugar que luego reconocen como Campo de la Ribera. Allí estuvieron por casi una semana. Que en el Campo los llevan a una habitación y al lado del dicente estaba el doctor Wisner, de allí los van sacando de uno en uno y los llevan por una galería golpeándolos mientras van caminando. Al dicente lo introducen en un habitación donde había poca luz y tres personas que lo interrogan. A pesar de estar vendado, puede reconocer a uno de ellos por conocerle desde su paso por la Escuela Técnica; era un sujeto de apellido Soria de Cosquín...» 

Mas adelante, al tratar los apremios ilegales y tormentos se volverá sobre este testimonio. Dado el despliegue militar y sus «logros», reiteración de otro procedimiento masivo en esa castigada ciudad de Cosquín cuando secuestraron a Helber Mario Oria -7 (*), Víctor Boichenko -B 13 (*), Jacobo Lernes (desaparecidos) Nélida Amelia Insaurralde (asesinada en la Ribera), Julio García (herido de bala); cabe una reflexión ¿a esto se refieren a quienes persisten de hablar de guerra? 

Fueron secuestrados, detenidos ilegalmente, jóvenes adolescentes, niños, mujeres embarazadas, hombres y mujeres de edad madura; obreros y empleados -muchos de ellos dirigentes o activistas gremiales- estudiantes universitarios, secundarios; profesionales- abogados , médicos, ingenieros, psicólogos, etc.- comerciantes, trabajadores independientes... de todos los estratos sociales y de todas las edades, aunque mayoritariamente los más castigados fueran jóvenes. 

Se debe mencionar entre los abogados además del doctor Valverde a los doctores Carlos Altamira -A.) (*), secuestrado en la vía pública el día 27 de mayo de 1976 alrededor de las 16 horas, posteriormente visto en a Perla, según testimonio de R.F.D.S. quién sostiene que el teniente primero Ernesto Guillermo Barreiro interrogó a Carlos Altamira en una de las oficinas de la Perla y Rodolfo Gustavo Gallardo junto a Nora Graciela Peretti de Gallardo -G.19 y P.15 (*) ambos también abogados, asesores letrados de gremios de la ciudad de San Francisco (provincia de Córdoba) y dirigentes del Frente de Izquierda Popular (FIP). Estos últimos fueron secuestrados de su domicilio en esa ciudad en la madrugada del 12 de mayo de 1976. 

«La comisión actuante, para disimular y encubrir su irregular procedimiento, pintó en la fachada e interior del domicilio la leyenda «traidores-ERP». Cuando era público y notorio que dicho matrimonio jamás tuvo nada que ver con esa organización terrorista ni con ninguna similar. Poco después del hecho en la localidad de la Francia y a la vera del camino, apareció volcado y semidestruido por el fuego, un automóvil en el que fueron hallados documentos del doctor Rodolfo Gustavo Gallardo.» 

Inútiles fueron las gestiones realizadas ante distintos organismos oficiales y privados para conocer el paradero del matrimonio. 


El testimonio presentado ante CONADEP por R.F.D.S., relata el paso de los doctores Gallardo por la Perla. Dice así: 

«...Que en una oportunidad el grupo operativo de la Perla, convenientemete reforzado por otros efectivos entre los que se contaba Ricardo Luján, sale a cumplir una tarea en la ciudad de San Francisco y entre los vehículos utilizados había un Peugeot 504, cree de color verde o algo parecido y que la regresar desde San Francisco sufre un accidente en la ruta por lo que tienen que abandonarlo. Que lo dicho le consta al dicente por cuanto al llegar el grupo operativo ala Perla, lo llaman para que atienda a las personas que tenían contusiones múltiples. Que recuerda el dicente que al atender a la persona secuestrada, ésta se dirigió a él inquiriéndole si sabía cual era su situación y destino, a lo que le contestó que lo ignoraba por cuanto él era un secuestrado. Que esa misma persona le describió el vehículo que había sufrido el accidente. Quiere agregar el dicente que con posterioridad supo que se trataba de un matrimonio de abogados de San Francisco y un dirigente gremial, a los cuales vio después varias veces en la Perla, que el se llamaba Gustavo Gallardo y ella Nora Peretti...» 






8) Secuestro de familias


La detención y posterior secuestro de dos jóvenes hermanos, albañiles, realizado por efectivos militares uniformados, con similar despliegue de fuerzas, fue denunciado por la madre doña Obdulia Lorenza Moreno de Casas, ante esta Comisión y ante la Justicia Federal. El testimonio es una impresionante secuencia de persecución, detenciones ilegales, torturas destrucción de bienes, intimidación y secuestro. Comienza fines de marzo de 1976, cuando una patrulla del Ejército se presenta en el domicilio familiar de Villa Azalais en esta ciudad de Córdoba e interroga a la señora Casas -de edad avanzada y precaria salud- sobre los datos de los miembros de su familia y lugar donde se encontraban. No satisfechos con sus respuestas, los militares la detuvieron y la trasladaron al Campo de la Ribera, donde poco después llevaron a cuatro de sus hijo y un yerno. Liberados después de tres días de trato denigrante, los Casa debieron abandonar el domicilio antes citado por la reiteración de las amenazas de todo tipo. De su gravedad y seriedad, da cuenta lo ocurrido después: el 19 de abril de 1976, a las cuatro de la madrugada, un grupo saqueó e incendió la casa sin que jamás la policía - ante la que se formuló la denuncia- haya informado sobre ninguna medida de investigación. 

Pero el extremo más angustioso de ése verdadero drama familiar, ocurrió el 19 de agosto de ese mismo año, en Arguello. 



Hugo Francisco Casas -C28- (*) 

De 25 años y su hermano Carlos Aníbal Casas -C31-(*) de 20 años de edad, trabajaban como albañiles en una casa en construcción, en la que también pernoctaba mientras duraba el trabajo. El día citado, personal del Ejército montó un impresionante operativo, en el que virtualmente se «ocupó» el barrio, obligando a todos los vecinos a encerrarse en sus casas. Los miembros de las Fuerzas Militares actuantes, se llevaron detenidos a los hermanos Casas y retiraron del lugar una cantidad de herramientas y elementos de trabajo, algunos propiedad del sueño de la obra. Desde entonces las autoridades militares negaron tener en su poder a los jóvenes detenidos, generando una incertidumbre sobre su destino que se prolonga hasta hoy, pero en cambio un oficial de alto grado restituyó en la propia sede de la IV brigada de Infantería las herramientas sustraídas al empleador de Hugo y Carlos Casas.