Prólogo
Informe Conadep Córdoba - 2° Edición, Septiembre de 1999
Cuando en reunión del secretariado
decidimos por unanimidad impulsar la nueva edición del INFORME CONADEP
CÓRDOBA sentimos las sensación de cumplir finalmente con una
responsabilidad insoslayable: aportar con este trabajo para que las
futuras generaciones conozcan acerca del terrorismo de estado, las
arbitrariedades del poder, la alevosía de los crímenes, fomentando así
la valoración del sistema democrático y, profundizando sus principios,
como la mejor manera de desarrollarnos en una sociedad libre y con
igualdad de oportunidades para todos. Y es que en las metas trazadas
por quienes, reunidos en torno a un dolor muy particular venimos
trabajando desde hace ya más de dos décadas, está la difusión de
nuestros testimonios del horror; porque estamos convencidos que de esta
manera contribuimos a que no se repita la ignominia que deriva del
autoritarismo, para que nunca más ningún ciudadano en este país deba
atravesar por semejantes circunstancias.
Esta es nuestra responsabilidad mayúscula por los seres queridos
víctimas de la irracionalidad. Porque entendemos la acción de mantener
viva la memoria como una manera más de luchar contra la impunidad que,
tras leer los testimonios de este Informe, no se entiende como todavía
persiste para los asesinos y sus cómplices.
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS DE
CÓRDOBA, constituida en Asociación Civil, es una organización singular.
Se conformó a partir de la espontánea reunión de familiares de víctimas
de la represión política desatada desde 1974 en adelante. Se acentuó la
participación cuando a partir del golpe de estado del 24 de marzo de
1976 se institucionaliza la represión, centralizada desde el propio
Estado y sus organismos; hasta ese momento, eran adjudicados estos
actos represivos, traducidos en asesinatos a mansalva, secuestros y
torturas, a estructuras paralelas llamadas “paramilitares”, como “la
triple A” o el “comando libertadores de América”.
Esas terribles circunstancias vividas por los familiares que se
encontraban en lugares comunes (comisarías, puertas de cárcel,
juzgados, despachos oficiales, arzobispado), forjaron la conciencia de
padres, hermanos, esposas, respecto a la necesidad de unirse. “Hay que
hacer algo”, se escuchaba cada vez con mayor insistencia. Y así los
encuentros casuales frente a algún organismo público para efectuar
averiguaciones, ante la inexorable falta de respuestas, se
transformaron en reuniones planificadas. Primero en casas de familia,
parroquias e iglesias solidarias con esta causa. Después se organizó el
funcionamiento de manera regular en locales cedidos hasta llegar a
tener una sede propia como ocurre por estos días.
Han transcurrido muchos años de lucha que han dejado su mella: hoy
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS DE
CÓRDOBA, es una institución reconocida en la defensa de los derechos
humanos, con objetivos muy claros como la lucha contra la impunidad a
través de la continua denuncia de los atropellos y arbitrariedades que
se cometen y la difusión del horror de la dictadura.
A nuestra organización EL INFORME CONADEP CÓRDOBA la toca muy de cerca.
Hasta la constitución de la Delegación Córdoba de CONADEP allá por
1984, era FAMILIARES la depositaria del mayor archivo de Córdoba sobre
los casos de secuestros, desapariciones y otros actos ilegales
perpetrados por las fuerzas de seguridad. Aunque elemental, por los
escasos medios con que contábamos, fue ofrecido a la CONADEP y sirvió
de base para las investigaciones que, en mejores circunstancias y con
el apoyo político que significaba ser un organismo oficial, profundizó
un gran trabajo de quienes integraron la Delegación Córdoba, sus
secretarios y funcionarios. La ardua tarea desempeñada hasta septiembre
de 1984 importó, sin embargo, no pocos desvelos: no faltaron las
consabidas amenazas y hostigamiento de los grupos de tareas que
alcanzaron su punto máximo con el atentado al domicilio del Dr. Barraco
Aguirre, hecho todavía impune.
Pero nada hubiera sido posible sin el testimonio que en forma masiva
brindaron la víctimas del horror. Diariamente se volcaron al local de
la calle Catamarca los familiares de desaparecidos, testigos de
secuestros y detenciones, sobrevivientes e campos de concentración y
muchos ciudadanos que, de manera espontánea, ofrecieron su declaración
ante la CONADEP, para así contribuir a echar luz sobre el período más
oscuro de la historia de esta provincia. De esta manera se pudo tener
una idea de la magnitud de la represión ilegal en Córdoba, de la
responsabilidad de algunos personajes como el general Menéndez y de la
crueldad con que actuaban; se hizo público que la pesadilla de
Auschwitz se repetía en “La Perla” cuarenta años después, aquí a unos
pocos kilómetros de la capital, camino a las sierras. Se supo de la D-2
(Dirección de Inteligencia) y sus actividades en el Cabildo, justo al
frente de la Catedral; la opinión pública conoció de las aberraciones
cometidas en esa dependencia de la policía de la provincia, de los
gritos de los torturados que hasta llegaban hasta la iglesia mayor y de
la mirada a un costado por parte de las cúpulas eclesiásticas.
Conocimos las circunstancias precisas de las ejecuciones de prisioneros
en la Unidad Penitenciaria de Barrio San Martín, con la burda
justificación oficial de “muerte por intento de fuga”.
Dos décadas después, cuando algunos personajes reacomodados a la nueva
situación política se presentan como “defensores de los derechos
humanos”, nosotros recordamos a los compañeros que dieron todo de sí en
esta lucha. Son algunos de los que fundaron esta organización y que hoy
ya no están entre nosotros. Con ellos compartimos muchas tensas
jornadas de trabajo y tuvimos la suerte de caminar las calles de
Córdoba toda vez que alguna fecha vinculada a los derechos humanos nos
convocó. Vaya para ellos nuestro reconocimiento y gratitud por su
entrega en el trabajo y su empecinamiento en soñar un país mejor.
De la lectura de este INFORME, podrán sacarse algunas conclusiones
sobre los fundamentos ideológicos de la brutal represión encarada por
la dictadura militar y el proyecto político subyacente detrás de
semejantes actos delictivos. También será posible al lector común
conocer en detalle y por descarnados testimonios, qué es eso del
“terrorismo de estado” y la situación de absoluta indefensión que
genera en los ciudadanos inermes. También los ubicará en un modo
distinto al de hoy, en pleno apogeo de la “guerra fría”, con un
imperio, Estados Unidos, empecinado en combatir de cualquier forma todo
intento de proyecto independiente en sus países sometidos, sin
escatimar esfuerzos en alentar el surgimiento de gobiernos
dictatoriales que asolaron Latinoamérica durante las décadas ’60 y ’70.
Fue evidente la participación norteamericana en los distintos
movimientos destinados a quebrar el orden institucional de nuestros
países instruyendo a las fuerzas armadas en tareas de represión interna
en escuelas dependientes del Pentágono. Se conoció que, en las
reuniones de la Junta Interamericana de Defensa, se coordinaban las
acciones tendientes a homogeneizar en toda América Latina los dictados
de la “ideología de la seguridad nacional”. No caben dudas de la
responsabilidad que le cabe a las fuerzas armadas argentinas en estos
trágicos acontecimientos, cuyo punto máximo se alcanzó en la última
dictadura, toda vez que, apoyadas por minorías antidemocráticas
representantes de claros intereses sectoriales, tomaron por asalto el
poder en forma reiterada desde 1955.
Y este INFORME servirá también para ratificar nuestro compromiso con la
demanda de JUICIO Y CASTIGO a todos los responsables del genocidio en
la Argentina; servirá para la reflexión de la clase política que, por
sus vacilaciones, en pleno período democrático, cayó en la trampa de la
extorsión cuando dictó las leyes de “punto final” y “obediencia
debida”, durante el gobierno del presidente Alfonsín, y los decretos de
indulto del presidente Menem. Los objetivos declarados de estas
aberraciones jurídicas (“reconciliación”, “un futuro sin
resentimientos”) jamás se alcanzaron; estos traspiés que sufrimos
quienes simplemente clamamos justicia, lejos de atenuar nuestra lucha,
la acrecentaron. Hoy, muchos de los jerarcas militares (Videla,
Massera, Bignone, Nicoláides) están presos; el delito de apropiación de
menores, no había sido contemplado dentro de las leyes que consagraron
la impunidad de los genocidas; hoy cobra vigencia el brazo de la
justicia que, aunque tímidamente, en materia de derechos humanos se
está haciendo sentir en Argentina.
Aunque en materia de impunidad, nuevos hechos nos demostraron cuanto
resta todavía: la voladura de la Embajada de Israel y del edificio de
la A.M.I.A., con más de 120 víctimas, aún no tiene responsables y es
por todos conocido la participación de miembros de fuerzas de seguridad
en semejantes atentados.
Para el caso particular de Córdoba, esperamos la concreción de esta
justicia que reclamamos alcance a todos, en forma ciega, como
corresponde. Y mientras tanto, apoyamos todas y cada una de las causas
abiertas en tribunales extranjeros y la consideración del delito de
genocidio como “lesa humanidad”, no reconociéndose fronteras para su
juzgamiento. Así podemos ver cómo, a partir de las medidas adoptadas
por el Juez español Baltasar Garzón, y los procesos abiertos en Suecia,
Francia, Suiza, Italia y Alemania, el país se ha convertido en una gran
cárcel, pues arrecian los pedidos de captura internacionales para los
represores; y no es un dato menor esta realidad, pues a partir de
Pinochet ha dado un vuelco total todo lo concerniente a la impunidad de
los tiranos latinoamericanos.
Servirá la lectura de este INFORME a la dirigencia política cordobesa ?
En 1984 la primera edición de este INFORME corre por cuenta de la
Municipalidad; Ramón Mestre era el intendente. Y en 1997, ya como
gobernador, el propio Mestre saludó al general Menéndez y compartió con
él un palco en un acto oficial.. También el intendente Martí o el
gobernador Angeloz y sus funcionarios se cruzaron más de una vez con el
siniestro personaje en actos públicos; y algunos, sin ningún pudor,
hasta justificaron su proceder. Y más recientemente la increíble
actitud del diputado nacional Roggero, montando un gran operativo de
prensa para su viaje a Madrid a difamar el trabajo del juez Garzón y
defender la “territorialidad” de la justicia. Y la Legislatura
Provincial? Debieron transcurrir trece años para que los legisladores
declaren persona no grata al general Menéndez. Desde ya que esta
lectura les será provechosa.
Esta nueva edición incluye entre sus páginas reproducciones de los
trabajos presentados por un grupo de destacados artistas plásticos de
Córdoba en la muestra organizada por FAMILIARES junto a organismos
hermanos como ABUELAS DE PLAZA DE MAYO Delegación Córdoba e H.I.J.O.S.
(Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio)
denominada “A VEINTE AÑOS DEL GOLPE” y que se realizó en marzo de 1996
en el Instituto Goethe. Se mostró cómo desde una expresión artística es
posible alzar la voz en defensa de la libertad, en oposición a los
atropellos a los derechos humanos conculcados por la dictadura.
Que este esfuerzo, entonces, sirva para que juntos construyamos un
futuro mejor, con justicia, libertad y equidad en la distribución de la
riqueza que todos producimos. Y si algún lector desea una participación
más activa en esto de luchar contra la impunidad, para que los anhelos
de JUSTICIA se conviertan por fin en realidad, le proponemos se sume a
la difusión de los hechos aquí descriptos y la promoción de los
derechos humanos en el ámbito donde le toque desenvolverse.
Córdoba, septiembre de 1999.
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS
EL INTERROGATORIO
A veces me pregunto: ¿Cómo podrán dormir, hacer la digestión, beber un
sorbo de buen vino, mirar a los hijos en los ojos, dar la mano? A veces
me pregunto: ¿Podrán sembrar alguna planta. acariciar a un perro,
cuidar de los ganados, amar a sus mujeres, darles los buenos días al
vecino? A veces me pregunto: ¿Podrán contar la plata que les queda,
tener puntualidad para sus pagos, perdonar a sus deudores, alimentar
proyectos de futuro, levantar una casa? A veces me pregunto:
¿Recordarán los nombres y las fechas, verán algunos rostros, sabrán qué
hacían los domingos, cómo amaban la vida, como cantaban diariamente? A
veces me pregunto: ¿Podrán soñar de noche sin turbarse, despertar sin
tener la boca amarga, matarse la conciencia, olvidar algún grito,
quitar la sangre de sus manos? ¿Olvidarán que a algunos los lanzaron al
mar como sembrando peces doloridos, a otros les cruzaron el pecho con
las balas hasta hacer estallar las rosas de la sangre y a todos los
cubrieron con oprobio, con torturas, flagelaciones que duelen más allá
de la muerte? A veces me pregunto si logran el olvido. Confieso que yo
ni un sólo día he dejado de pensarlo y que exijo una forma que
dignifique el alma, provoque los regresos; devuelva algunos cuerpos,
castigue a los culpables que así de dedicaron a prostituir la vida.
Hamlet Lima Quintana
Creación de la Delegación Córdoba
Por resolución de fecha dieciséis de febrero del corriente año, la
COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS, crea en la
provincia, la Delegación Córdoba, fijando en la misma resolución sus
atribuciones y funciones:
Esta delgación Córdoba inicia sus actividades en la primera quincena
del mes de marzo, integrada por los siguientes miembros:
Presidente Arq. Luis Rebora
Coord. Area de denuncias Dr. Rodolfo Barraco Aguirre
Coord. Area Administrativa Dr. Albino Serafín
Coord. Area Verificación y Procedimientos:
Dr. Rubén Arroyo
Rvo. Padre José Naguib Nasser
Pastora Nélida Richie
Rabino Felipe Yafe
Presb. Ignacio Osvaldo Sahade
Arq. Bernardino Taranto
Esc. Narciso Ceballos
Ing, Ángel Manzur
Gustavo Monayar
Asimismo la Delegación se estructuró en tres áreas en las que se
desempeñaron los miembros de la Comisión, los Secretarios y
Funcionarios que a continuación se indican:
AREA DENUNCIAS
Secretaria:
Dra. María Elena Mercado
Funcionarios:
Miguel Apontes
María Pía Annone
Luis López
Mirta Mansilla
Erio Vaudagna
Area Verificación y Procedimientos:
Secretario: Dr. Francisco Lucas Delgado
Funcionarios:
Dr. Carlos A. Mahieu
Dr. Oscar Motta
Dra Patricia del Valle Tasso
Area administratitiva
Encargado: Sr. Jorge Galante
Funcionarios:
Arq. Silvia Chaves
Sr. Felipe Sipowicz
Sr. Ramón Oscar Alderete
Córdoba, 27 de septiembre de 1984.
LA POLÍTICA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS EN CÓRDOBA
El Decreto 187/83 del Poder Ejecutivo Nacional, que creó la Comisión
Nacional Sobre la Desaparición de Personas, señala en sus considerandos
la necesidad de satisfacer el «interés legítimo» de la sociedad civil
de intervenir activamente en el esclarecimiento de los hechos en los
que desaparecieron miles de personas «sin que esa intervención
interfiriera con la actuación de los órganos constitucionales
competentes para investigar o penar estos hechos, o sea los jueces». En
cumplimiento de ese propósito central, la Delegación Córdoba de esa
Comisión, adoptó desde el momento en que comenzó su actividad una
metodología destinada a procurar la recepción de denuncias, testimonios
y otros elementos probatorios de los hechos de detención o secuestro
seguidos de la desaparición de las víctimas, con la mayor precisión
posible respecto de la materialidad de los acontecimientos en sí y sus
circunstancias, así como de sus presuntos autores y elementos
materiales utilizados.
Este requerimiento de precisión, tendiente por una parte a evitar un
innecesario desgaste jurisdiccional en casos de denuncias carentes de
verosimilitud o seriedad y, por otra, a facilitar la acción de los
órganos judiciales competentes, hizo que la tarea de la Delegación no
se limitara a la recepción pasiva de denuncias, si no que, por el
contrario, debiera ser complementada por procedimientos de
verificación, desarrollados en el marco de sus facultades. Para esta
actividad se contó con la colaboración de la población en general, la
de distintas instituciones representativas- en particular los
organismos defensores de derechos humanos - y la de los poderes
públicos, materializada en los decretos del Poder Ejecutivo Provincial,
del Departamento Ejecutivo Municipal y la Universidad Nacional de
Córdoba, que pusieron a disposición de la Comisión la documentación y
dependencias de sus respectivas jurisdicciones.
Fue así como, en cada caso, individualizados los hechos y reunida la
prueba documental y testimonial que acreditaba su existencia y
circunstancia, se procedió a elevar a la justicia las correspondientes
denuncias con miras a su investigación por el poder constitucional. De
esta manera se logró avanzar en el esclarecimiento de numerosos
episodios de notoria repercusión. Entre ellos, a título de ejemplo,
pueden señalarse: la denuncia sobre la muerte de Amelia Nélida
Insaurralde en la Prisión Militar del Campo de La Ribera, que en su
momento se pretendió presentar como resultado de un suicidio; el
reconocimiento de la existencia de los centros clandestinos de
detención, tortura, muerte y enterramientos de La Perla, Malagueño, o
«La Perla Chica» y Campo de la Ribera; y la comprobación de detenciones
en condiciones de virtual secuestro, con aplicación sistemática de
tormentos y resultados de muertes por tortura o fusilamiento en la
Cárcel Penitenciaria (U.P.1) de la Ciudad de Córdoba y en el
Departamento de Inteligencia (D-2, ex Informaciones) de la Policía de
la Provincia.
A la vez, en los numerosos casos aún no elevados a la Justicia por no
haberse completado la recopilación de elementos probatorios,
circunstancia debida tanto a los límites impuestos por el tiempo como
la complejidad de las causas y el deliberado ocultamiento o destrucción
de documentación por parte de los responsables de este verdadero
genocidio, el material reunido hasta el presente ha sido remitido a la
Comisión Nacional para su entrega al Poder Ejecutivo Nacional, que
conforme se ha informado públicamente ya, determinará los mecanismos a
seguir para la continuidad de la tarea iniciada por este
organismo.
De esta manera, de los numerosos testimonios y denuncias receptados, de
los procedimientos practicados y de las investigaciones realizadas por
la Justicia en su consecuencia, surge la convicción de que el drama de
los desaparecidos en la Argentina -y en Córdoba en particular- fue el
resultado de una política sistemáticamente aplicada y no de presuntos
«excesos» individuales cometidos por elementos fuera de control.
Por ello es que, en la mayoría de los casos, la desaparición forzada de
personas ha respondido a la misma secuencia. Esta comienza por la
detención -regular o irregular, pero practicada por personal
dependiente del Estado- transformada luego en secuestro por el
confinamiento de la víctima en un centro clandestino; continúa con la
aplicación de tormentos; en gran número de ellos, culmina con la muerte
y la inhumación clandestina; y termina, finalmente, con la destrucción
de toda documentación probatoria. Cuando se conozcan en su totalidad
las normas -de las que recién una mínima parte ha tomado estado
público- que revelan la actividad terrorista del Estado, el país podrá
tener la evidencia completa y definitiva de esta planificación, a la
vez que reconocerá su identidad y estirpe en el decreto nazi de «noche
y niebla» cuya instrumentación explicaba Hoffmann en 1942 escribiendo
en sus instrucciones:
«Puesto que la finalidad de este decreto es dejar a los familiares,
amigos, y conocidos del preso en la incertidumbre acerca de su
paradero, no se les permitirá ningún contacto con el exterior; por la
misma razón no podrán escribir cartas, ni recibir visitas o paquetes,
etcétera».
O en el más sintético bando del mariscal Keittel, jefe del alto mando alemán:
«a) los presos desaparecerán sin dejar rastro; b) No podrá brindarse
ninguna información sobre el lugar dónde se encuentran, ni sobre su
destino».
A todo este accionar tenebroso, que no sólo buscó el aniquilamiento
psíquico y físico de las víctimas, sino también extender sus
consecuencias a la angustia e incertidumbre de los familiares - de las
madres, esposas, hijos, que vanamente recurrieron a todos los
organismos del Estado en búsqueda de una respuesta - se sumaban los
actos de pillaje de sus ejecutantes: sustrayendo cuanto objeto de valor
encontraran en las viviendas de donde se llevaban los detenidos;
extorsionando a los familiares para que pagaran rescates por los
secuestrados; violando mujeres y robando vehículos, que utilizaban en
sus andanzas.
Es por ello que la invocación de una «guerra», como justificadora de
este horror, resulta un eufemismo que groseramente pretendió ocultar el
verdadero rostro del accionar terrorista del Estado. Dejamos librado al
juicio de la opinión pública si todos los hechos que pasamos a
describir pueden quedar comprendidos en el marco del concepto que
supone una confrontación bélica o si, por el contrario, se trata de una
mera actividad represiva, aunque además ilegal, organizada por
organismos estatales y con características de «banda» o asociación
ilícita dada la modalidad operativa.
A los efectos de sistematizar mejor el presente Informe, se la ha dividido en los siguientes capítulos:
I-Secuestros
II-Torturas
III-Muertes
IV-Inhumaciones clandestinas
V-Menores
VI-Saqueos
VII-Anexos
Reflexiones Finales
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